El gobierno de Suecia anunció esta semana su intención de reducir la edad mínima de responsabilidad penal de 15 a 13 años. La iniciativa surge como respuesta al creciente reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado, que ha intensificado su presencia en los barrios urbanos y en el mercado de drogas.
Según datos oficiales, en la última década se duplicaron los delitos cometidos por menores de 15 años. El fenómeno no solo preocupa por su magnitud, sino también por su violencia. Los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes, una señal alarmante de que las redes criminales están utilizando a menores como herramientas desechables.
El reclutamiento de adolescentes se realiza principalmente a través de aplicaciones encriptadas. Las bandas ofrecen dinero rápido a cambio de cometer delitos —desde robos hasta asesinatos—, sabiendo que la ley actual impide aplicarles penas severas. De esta manera, los verdaderos líderes permanecen ocultos mientras los menores enfrentan consecuencias mínimas.
El gobierno de coalición, liderado por partidos de derecha y con apoyo de la extrema derecha (Demócratas de Suecia), propuso aplicar esta reforma durante un período de cinco años. En principio, afectaría solo a delitos graves como homicidios y ataques con explosivos. Aunque aún no se ha fijado una fecha de entrada en vigor, el anuncio ya ha generado una fuerte reacción social.
Desde la organización BRIS (Niños en Centro de Apoyo), se lanzó una crítica clara: esta medida podría resultar contraproducente. Su secretaria general, Maria Frisk, advirtió que criminalizar a menores de 13 años podría empujar a las bandas a captar a niños aún más pequeños, profundizando el problema en lugar de resolverlo.
La propuesta evidencia una tensión persistente entre políticas punitivas y estrategias de prevención. Si bien el Estado busca frenar la violencia, expertos en infancia y derechos humanos recuerdan que encarcelar a menores no ataca las raíces del fenómeno: la exclusión social, la falta de oportunidades y el debilitamiento del tejido comunitario.
La coalición de derecha llegó al poder en 2022 con un discurso centrado en la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Tres años después, los tiroteos, ataques con explosivos y crímenes relacionados con drogas continúan golpeando a barrios enteros, con un saldo que a menudo incluye víctimas inocentes.
Aunque las cifras oficiales muestran una leve reducción en los tiroteos mortales, los atentados con explosivos han aumentado. Estos ataques, muchas veces dirigidos a viviendas o negocios, generan miedo constante y demuestran la capacidad operativa de las bandas, incluso ante el endurecimiento de las políticas de seguridad.
Como parte del paquete de medidas, el Ejecutivo propuso reemplazar los actuales hogares juveniles por centros penitenciarios especiales para menores. La idea es garantizar un régimen más estricto, alejado del enfoque de rehabilitación que hasta ahora predominaba en el sistema sueco.
Otra de las reformas anunciadas es la eliminación de las reducciones de pena por minoría de edad. Con esta medida, se busca tratar con mayor dureza a los adolescentes que cometan delitos graves, independientemente de su edad. Para el gobierno, es una forma de frenar la percepción de impunidad.
El proyecto también contempla otorgar nuevas facultades a la policía, como el uso de medidas coercitivas sobre menores de edad. El objetivo es obtener información que permita llegar a los líderes de las organizaciones criminales. Esta disposición ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos.
