El gobierno paraguayo activó una medida excepcional esta semana: la intervención de las dos principales municipalidades del país. A través de los decretos 4058 y 4059, el presidente Santiago Peña oficializó la intervención administrativa de Asunción y Ciudad del Este, argumentando serias inconsistencias detectadas en la gestión financiera de ambas municipalidades.
La decisión, avalada por la Cámara de Diputados en una sesión extraordinaria, surge como respuesta a un informe de la Contraloría General de la República que señala “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes comunales” en ambas ciudades.
En Asunción, el decreto n.° 4059 designa como interventor a Carlos Pereira Olmedo, quien reemplaza temporalmente al intendente Óscar Rodríguez, del oficialista Partido Colorado. La capital paraguaya, que atraviesa una crisis de infraestructura y endeudamiento, está bajo la lupa por presuntas gestiones ineficaces y opacas.
En el caso de Ciudad del Este, el decreto n.° 4058 designa a Ramón Ramírez Caballero como interventor en reemplazo del intendente Miguel Prieto, líder opositor que ya ha manifestado su interés en competir por la presidencia en 2028. Este contexto político ha encendido las alarmas entre legisladores críticos al gobierno.
De acuerdo con la Ley 317/1994, que regula las intervenciones en gobiernos locales, los intendentes deben quedar suspendidos mientras dure el proceso. Los interventores designados por el Ejecutivo tendrán un plazo de 60 días para emitir un informe, que luego será evaluado por el Congreso.
La diputada opositora Johana Ortega fue una de las primeras voces en rechazar la intervención en Ciudad del Este, calificándola como una represalia política. “Hoy Miguel Prieto es lo que en dictadura conocíamos como un perseguido político”, declaró, estableciendo un paralelo con la época del régimen de Alfredo Stroessner.
En contraste, el oficialismo argumenta que hay sustento técnico para las medidas. El diputado Hugo Meza aseguró que Prieto dejó sin justificar unos 42.000 millones de guaraníes (cerca de 5,2 millones de dólares), una suma que, según dijo, compromete gravemente la transparencia de la administración municipal.
Asunción tampoco quedó fuera de las críticas cruzadas. La diputada Rocío Vallejo, de la oposición, denunció la emisión de bonos por 580.000 millones de guaraníes (alrededor de 72,8 millones de dólares) para financiar obras públicas que nunca se concretaron. “El ciudadano común va a pagar esa deuda por proyectos que no existen”, advirtió.
La intervención, aunque legalmente respaldada, no deja de generar suspicacias, sobre todo por coincidir con momentos de alto voltaje político. El hecho de que Prieto sea una figura emergente en la oposición alimenta las sospechas de que la medida excede el marco técnico y entra en el terreno del cálculo electoral.
A pesar de ello, sectores del oficialismo han señalado que dejar pasar irregularidades por razones políticas sería aún más perjudicial para la institucionalidad del país. Para ellos, lo relevante es que los interventores trabajen con independencia y transparencia, y que el Congreso actúe conforme al informe final.
Con 60 días por delante, la gestión de los interventores será clave para determinar si estas decisiones se justifican por razones objetivas o si, como algunos denuncian, responden a intereses más allá de la rendición de cuentas. La transparencia del proceso y el rigor del Congreso serán puestos a prueba.
