El Senado de Colombia aprobó en último debate la reforma laboral promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto, que había sido previamente rechazado, fue retomado y finalmente obtuvo el respaldo de la mayoría de los senadores: 56 votos a favor frente a 31 en contra.
Esta aprobación representa un hito político para el Ejecutivo, al tratarse de una de las reformas más emblemáticas del actual mandato. El proceso, no obstante, ha estado marcado por tensiones legislativas, maniobras estratégicas y una convocatoria a consulta popular que aún genera controversia en el escenario jurídico nacional.
Con este paso, el texto pasará a conciliación con la versión ya aprobada por la Cámara de Representantes. De lograrse un acuerdo entre ambas corporaciones, el proyecto será remitido a sanción presidencial, lo que lo convertiría oficialmente en Ley antes del próximo viernes, fecha límite del periodo ordinario del Congreso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su satisfacción por lo logrado en la Cámara Alta, calificando la reforma como “el mayor legado del Gobierno Petro a los trabajadores y trabajadoras de Colombia”. Sin embargo, reconoció que la conciliación será determinante para definir el rumbo final del proyecto.
Entre los cambios clave incluidos en la reforma se encuentran el adelanto del recargo nocturno de las 9:00 p.m. a las 7:00 p.m., el reconocimiento del contrato de aprendizaje del SENA como vínculo laboral, la regulación del trabajo por plataformas digitales, y un refuerzo a los derechos sindicales.
La iniciativa también busca formalizar miles de empleos informales y modernizar las relaciones laborales. Sin embargo, varios sectores empresariales y gremiales han manifestado reservas frente al impacto económico de la reforma, especialmente en cuanto a costos adicionales y rigidez contractual.
La reforma laboral es una de las múltiples apuestas estructurales del Gobierno. Mientras que la tributaria y la pensional han logrado ser aprobadas, otras como la de salud y la de educación no han superado el filtro del Congreso. Esto ha puesto en evidencia los límites del poder de negociación del oficialismo en el Legislativo.
Cabe recordar que en marzo pasado, el Senado rechazó el proyecto de reforma laboral, y posteriormente, también se opuso a la consulta popular propuesta por Petro, que fue hundida por una diferencia de apenas dos votos. Aun así, el mandatario insistió y revivió la reforma en medio de un clima político polarizado.
La insistencia del Ejecutivo por avanzar con esta propuesta incluso lo llevó a firmar, el pasado 11 de junio, un decreto para convocar una consulta popular, argumentando que el texto discutido no se alineaba con la versión original del Gobierno. Esta medida ha sido criticada por juristas y sectores de oposición, quienes la consideran inconstitucional.
Las reacciones a dicha convocatoria no se hicieron esperar. Demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional buscan frenar lo que muchos interpretan como un uso indebido de las facultades presidenciales. Las tensiones entre los poderes del Estado se han agudizado en medio de este debate.
Pese a la controversia, el ministro Benedetti aseguró que, si se logra la conciliación y el texto final refleja la propuesta gubernamental, el Ejecutivo retirará el decreto de la consulta popular. “La ley es ley hasta que se vote la conciliación… entonces no hay consulta si se logra una ley que represente al Gobierno”, afirmó.
