La Casa Blanca anunció que impulsará una nueva Misión de Seguridad en Haití bajo el respaldo de la ONU, con el objetivo de recuperar el control de un país asediado por la violencia criminal. La medida busca frenar el colapso institucional y social que atraviesa la nación caribeña, hoy en manos de redes delictivas que dominan casi todo su territorio.
Haití ha sido calificado por múltiples organismos como un “estado fallido”. Según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), entre mayo y julio de 2025 se registraron 1.520 asesinatos y más de 600 heridos a causa de la violencia criminal.
La amenaza más reciente vino del temido líder criminal Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, quien advirtió que sus fuerzas tomarán por la fuerza el control del gobierno de transición si no se produce su dimisión. En un mensaje difundido desde Puerto Príncipe, llamó al pueblo a “luchar por la libertad o la muerte”.
Washington sostiene que la actual crisis humanitaria, política y de seguridad afecta no solo a Haití, sino a toda la región. El territorio haitiano se ha convertido en un punto clave para el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando. Además, el flujo de migrantes irregulares crece de forma alarmante.
Aunque tradicionalmente reticente a recurrir a organismos multilaterales, la administración Trump considera que solo la ONU puede articular una respuesta internacional legítima frente a la desintegración institucional haitiana.
En 2024, con gran esfuerzo diplomático, Estados Unidos logró que se apruebe una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por fuerzas de Kenia. Sin embargo, sus 1.000 efectivos han demostrado ser insuficientes. Muchos de sus vehículos están fuera de servicio y carecen de equipos básicos.
En una carta al Consejo de Seguridad, el secretario general António Guterres alertó sobre las serias limitaciones logísticas, médicas y operativas de la actual misión, y recomendó ampliar sus capacidades de inteligencia para ejecutar acciones efectivas.
La nueva misión propuesta por EE. UU. tendría más personal, mejor armamento y mayor respaldo logístico. Sería financiada parcialmente por Washington y tendría autorización para realizar operaciones ofensivas contra bandas criminales.
Fuentes diplomáticas confirmaron que gobiernos de América Latina como Haití, El Salvador y Panamá ya fueron informados del plan. Sin embargo, hasta que no se presente formalmente la propuesta en octubre, no habrá decisiones oficiales.
