El presidente Gustavo Petro anunció la noche del 7 de agosto que el paro minero en Boyacá había llegado a su fin. A través de su cuenta en la red X, informó sobre un acuerdo con los manifestantes y afirmó: “Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón”.
El anuncio ocurre tras semanas de tensiones marcadas por bloqueos en vías estratégicas y movilizaciones sociales que afectaron gravemente la movilidad, la economía y la logística del centro del país. El acuerdo, según el mandatario, se centra en ofrecer una hoja de ruta hacia un modelo de producción más sostenible, sin abandonar a las comunidades que dependen de la minería artesanal.
La decisión de trasladar la ceremonia oficial del aniversario de la Batalla de Boyacá desde el Puente de Boyacá hasta Leticia, Amazonas, inicialmente explicada por razones de soberanía territorial frente al diferendo con Perú, fue luego matizada por el propio presidente. En su discurso desde Leticia, admitió que la conflictividad social en Boyacá impidió la organización del acto conmemorativo en su sede tradicional.
“Los conflictos sociales impiden hoy hacer este acto en el Puente de Boyacá. Volveremos allá en homenaje al Ejército. Pero esta vez, la realidad nos obliga a estar aquí”, declaró Petro.
Las manifestaciones estuvieron encabezadas por mineros, campesinos, guaqueros y sectores agrícolas que exigían soluciones estructurales a sus demandas. Los bloqueos afectaron a miles de ciudadanos, provocando la suspensión del 98 % del transporte intermunicipal entre Bogotá y varias ciudades boyacenses, como Tunja, Sogamoso y Duitama. Más de 800 salidas fueron canceladas y unas 45.000 personas resultaron afectadas.
Según el gremio transportador, las pérdidas económicas superaron los 1.000 millones de pesos. En varios municipios las terminales de transporte fueron cerradas y los corredores humanitarios, casi inexistentes, dejaron varados a ciudadanos que necesitaban atención médica, estudiar o trabajar.
La propuesta de transición energética para la minería artesanal fue clave para destrabar el conflicto. El Gobierno busca implementar tecnologías limpias y ofrecer alternativas productivas a los pequeños mineros de carbón, sin excluir a los actores que han sostenido históricamente estas actividades.
Petro también abordó las dificultades estructurales que enfrentan los campesinos en zonas de páramo y selva, señalando que la falta de tierra fértil y de políticas agrarias inclusivas ha obligado a estas poblaciones a vivir en condiciones precarias. “La ausencia de una reforma agraria real ha llevado a los campesinos a instalarse donde no hay tierra cultivable”, sentenció.
En un llamado adicional, el mandatario propuso instalar una mesa de diálogo con el sector de la minería de esmeraldas en el occidente de Boyacá, región históricamente marcada por conflictos violentos. “Ya existe una guerra por las esmeraldas. Hay que lograr un pacto”, declaró.
Aunque el levantamiento del paro marca un alivio inmediato para la región, la expectativa ahora gira en torno a la implementación efectiva de los acuerdos. Sectores sociales y económicos de Boyacá y Cundinamarca esperan que el proceso no quede en promesas, sino que derive en soluciones estructurales.
La agenda de diálogo que propone el Ejecutivo incluye temas mineros, agrarios y ambientales, y se perfila como un nuevo intento de atender las demandas históricas del centro del país. La transición energética, aunque desafiante, se presenta como una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo en regiones dependientes de economías extractivas.
