Estados Unidos ha iniciado un nuevo despliegue militar en el Caribe con foco en la costa venezolana. Según confirmó la agencia Reuters con fuentes del Pentágono, un escuadrón anfibio compuesto por tres buques de guerra y 4.500 efectivos será posicionado en los próximos días frente a Venezuela, en lo que representa una muestra clara de fuerza frente al régimen de Nicolás Maduro.
El movimiento responde a la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar lo que califica como una amenaza directa a la seguridad nacional: el narcotráfico proveniente de América Latina, en especial desde Venezuela, país al que su gobierno ha vinculado con redes de crimen organizado y narcoterrorismo.
Los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale transportan, entre otros, a 2.200 marines y equipo especializado para operaciones anfibias. Aunque no se precisó públicamente el alcance exacto de la misión, las fuentes indicaron que el despliegue está enmarcado en una política de contención y disuasión frente a los cárteles de droga y sus vínculos con gobiernos regionales.
La Casa Blanca también confirmó que el operativo incluye submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, destructores navales y un buque de guerra con misiles guiados. En palabras de la portavoz presidencial Karoline Leavitt, el objetivo es “interrumpir las rutas del narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.
Leavitt fue aún más categórica al referirse al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó abiertamente de encabezar el denominado “Cartel de los Soles”, una estructura criminal señalada por múltiples investigaciones internacionales por su rol en el tráfico de cocaína.
La tensión entre ambos países se intensificó tras nuevos reportes de CNN y el Departamento de Defensa que apuntan a operaciones encubiertas para desarticular redes vinculadas al mandatario venezolano. Según la DEA y la Fiscalía de EE.UU., se incautaron recientemente 30 toneladas de cocaína asociadas a estructuras ligadas a Caracas y otras siete vinculadas directamente al entorno presidencial.
En respaldo a la ofensiva, el secretario de Defensa Pete Hegseth publicó un memorándum que amplía las competencias tradicionales del Ejército estadounidense. Entre las nuevas directrices se incluye la potestad de intervenir para “sellar fronteras, repeler amenazas y combatir delitos transnacionales como el tráfico de drogas y de personas”.
Desde La Habana, la reacción fue inmediata. El gobierno cubano denunció el despliegue como una “provocación inaceptable” y responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio de impulsar una “agenda desestabilizadora” en la región. La Cancillería cubana exigió respeto por el principio de no intervención y recordó que la CELAC ha declarado al Caribe como una “zona de paz”.
Caracas, por su parte, movilizó a cientos de miles de milicianos bajo el denominado “plan de paz”, como respuesta preventiva ante lo que califica como una “amenaza militar externa”. El gobierno de Maduro advirtió que las acciones de EE.UU. “ponen en riesgo la estabilidad de toda América Latina”.
El comunicado venezolano fue contundente al acusar a Washington de querer quebrar el equilibrio regional. “No se trata solo de Venezuela: es un ataque al espíritu de cooperación soberana que promueve la CELAC”, afirmó el texto difundido por el Ministerio de Comunicación e Información.
