EE.UU. incluyó en lista negra a Colombia y Afganistán por fallas en la lucha antidrogas

La Casa Blanca incluyó a Colombia y Afganistán en una lista de países que, según su evaluación oficial, no cumplieron sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. La medida aumenta la presión diplomática y podría afectar la cooperación bilateral. En el caso colombiano, Washington apunta directamente al gobierno de Gustavo Petro por el auge del cultivo de coca y la producción de cocaína.

El gobierno de Estados Unidos colocó oficialmente a Colombia y Afganistán en la lista de países que han incumplido de forma demostrable sus compromisos internacionales en materia de lucha antidrogas. La medida fue comunicada a través de un memorando oficial remitido al Congreso estadounidense.

La decisión, sustentada por disposiciones de la legislación interna de EE.UU., se basa en una evaluación anual que realiza la Casa Blanca sobre los países considerados rutas clave del tráfico de drogas o grandes productores de estupefacientes. Esta lista influye directamente en las prioridades diplomáticas y en la distribución de asistencia internacional.

Colombia y Afganistán fueron señalados junto a otras naciones como Venezuela, Bolivia y Myanmar, por no haber cumplido con sus obligaciones de control y cooperación antidrogas durante el último año. En el caso colombiano, la crítica es particularmente severa: se señala un récord histórico en cultivos de coca y producción de cocaína.

“Durante el gobierno de Gustavo Petro, los niveles de cultivos y producción han alcanzado cifras sin precedentes, y ni siquiera se han logrado las metas de erradicación planteadas por su propia administración”, afirma el documento, que también lamenta el deterioro de la cooperación bilateral que por décadas mantuvieron ambos países.

No obstante, el texto reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad colombianas y su enfrentamiento con organizaciones criminales y terroristas, aunque aclara que “el incumplimiento corresponde enteramente al liderazgo político en Bogotá”.

Washington advierte que la calificación podría revertirse si el gobierno colombiano adopta medidas más firmes contra el narcotráfico, mejora sus mecanismos de cooperación y demuestra avances verificables en la persecución de los líderes del crimen organizado.

En cuanto a Afganistán, la Casa Blanca sostiene que, pese a los anuncios públicos del régimen talibán sobre la prohibición de cultivos ilegales, el tráfico de drogas persiste. En particular, se advierte sobre el crecimiento de la producción de metanfetamina y su vínculo con redes criminales y terroristas.

El memorando denuncia que incluso miembros del régimen talibán continúan beneficiándose económicamente del narcotráfico. Según la Casa Blanca, esto representa “una amenaza directa para los intereses de seguridad de Estados Unidos y de la comunidad internacional”.

La inclusión de ambos países en esta lista busca provocar una reacción inmediata de sus gobiernos, exigiendo la adopción de medidas claras, verificables y sostenidas. La falta de avances podría traducirse en sanciones económicas, restricciones de asistencia o medidas unilaterales por parte de Washington.

La administración Trump también aprovechó el mensaje para remarcar la crisis interna que enfrenta Estados Unidos en materia de drogas. “Estamos en medio de una emergencia nacional por las drogas sintéticas”, advierte el documento, que indica que los opioides son la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

Con cifras alarmantes, el informe señala que más de 200 personas mueren por día en EE.UU. debido al consumo de drogas ilícitas, y que al menos el 40 % de los ciudadanos conoce a alguien que ha sufrido una sobredosis fatal. Esta crisis justifica, según Washington, una postura más firme hacia los países involucrados en el flujo de estupefacientes.Aunque el gobierno estadounidense insiste en que mantiene abiertos los canales de cooperación con sus socios, también deja claro que no dudará en endurecer sus posiciones. El documento será enviado al Congreso junto con los informes de respaldo exigidos por ley, y publicado oficialmente en el Federal Register, el boletín federal estadounidense.