La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia confirmó que asumirá competencia para indagar la presunta responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, excomandante de las extintas FARC-EP, en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau.
La decisión fue adoptada por la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que estableció que los hechos denunciados encajan dentro del mandato de la JEP, centrado en crímenes relacionados con el conflicto armado colombiano.
El secuestro de Cecilia Cubas ocurrió el 21 de septiembre de 2004 en las cercanías de Asunción, Paraguay. Meses después, su cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda del municipio de Ñemby. Pese al pago de un rescate de 300.000 dólares, la víctima fue asesinada.
Según la resolución judicial, el expediente será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que deberá determinar el grado de participación de Granda en los hechos. La medida abre una nueva etapa en el proceso judicial internacional vinculado al caso.
Rodrigo Granda, también conocido como alias “Ricardo Téllez”, formó parte del último secretariado de las FARC y ha sido señalado por Paraguay como asesor del grupo insurgente local Partido Patria Libre (PPL), al que se atribuye la autoría del secuestro.
Diversas fuentes judiciales paraguayas sostienen que Granda habría proporcionado asesoramiento político y logístico al PPL, antecedente del actual Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), considerado una organización armada activa en el país guaraní.
En el transcurso de las investigaciones en Paraguay, al menos 21 personas fueron condenadas por su participación directa o indirecta en el crimen de Cecilia Cubas. Sin embargo, la presunta conexión con las FARC eleva el caso al plano internacional.
A comienzos de este año, un juez paraguayo volvió a solicitar la captura internacional con fines de extradición de Granda, alegando que aún no ha respondido ante la justicia por su presunta implicancia en la planificación del secuestro.
La JEP, por su parte, dispuso que las autoridades judiciales paraguayas sean informadas formalmente de esta decisión mediante el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, abriendo la puerta a una cooperación judicial entre ambos países.
Además, se notificará del proceso al propio Rodrigo Granda, a su representante legal y al delegado del Ministerio Público ante la jurisdicción, garantizando el debido proceso dentro del marco de justicia transicional.
El tribunal aclaró que la decisión no es definitiva, ya que pueden interponerse recursos de reposición y apelación, según lo establecido en la normativa que rige a la JEP desde su creación tras los Acuerdos de Paz de La Habana.
Este nuevo giro en el caso Cecilia Cubas reactiva un doloroso capítulo en la historia reciente de Paraguay.
