Edmundo González Urrutia, calificó como un acto de represalia política la condena de 30 años de prisión contra su yerno, Rafael Tudares, impuesta por el sistema judicial del país.
A través de su cuenta en X, el dirigente opositor señaló que este fallo evidencia una práctica en la que el poder se confunde con la impunidad, generando un perjuicio significativo para la democracia y la confianza pública en las instituciones.
González Urrutia vinculó directamente la condena a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sugiriendo que la sentencia busca influir en la percepción de los votantes y debilitar su liderazgo político.
“Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Esta es una decisión sin sustento jurídico y contraria a la Constitución”, escribió el opositor, defendiendo la inocencia de su familia frente a las acusaciones judiciales.
La confirmación de la condena fue hecha por Mariana González, hija de González Urrutia, quien precisó que la pena máxima fue dictada tras una única audiencia de más de 12 horas.
Según Mariana, ni ella ni el equipo legal de la familia han tenido acceso al expediente judicial ni al número de causa durante el juicio, limitando su derecho a una defensa completa y transparente.
Además, Tudares no pudo designar un abogado de confianza, siendo representado por un defensor público del que no se proporcionó información sustancial sobre su actuación en el caso.
La hija del presidente electo denunció que las notificaciones se realizaron únicamente de manera telemática, mientras que las autoridades justificaron la confidencialidad del proceso debido a la naturaleza del caso, dificultando la supervisión judicial independiente.
Organismos internacionales como la ONU han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales sin garantías en Venezuela desde 2020, especialmente contra opositores y sus allegados.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado la existencia de una “persecución penal sistemática”, utilizando cargos graves como terrorismo para amedrentar y silenciar a la disidencia. Las autoridades venezolanas han negado estas acusaciones, aunque han limitado las visitas de verificación en centros de reclusión de alta seguridad.
Tras la elección de 2024, diversas misiones internacionales señalaron irregularidades y falta de transparencia en la votación, además de detenciones de miembros de la campaña opositora. Organizaciones como Foro Penal registran más de 300 casos de “detenciones por sustitución”, en los que familiares de activistas son apresados como forma de presión política.
La condena a Tudares representa un nuevo episodio dentro de un historial de represalias contra familiares de opositores, consolidando la percepción de que el sistema judicial venezolano puede ser utilizado como herramienta política, mientras la oposición continúa demandando justicia y transparencia.
