Ecuador se prepara para la investidura del presidente electo, Daniel Noboa. La ceremonia, que tendrá lugar este sábado 24 de mayo a las 11:00 en el Palacio Legislativo de Quito, contará con la presencia de 93 delegaciones internacionales, consolidando un fuerte respaldo externo al nuevo gobierno.
La magnitud del evento no solo radica en su simbolismo, sino también en la relevancia diplomática de los asistentes. Entre los jefes de Estado confirmados se encuentran la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. A ellos se suman los vicepresidentes de República Dominicana y El Salvador, Raquel Peña y Félix Ulloa, respectivamente.
El abanico de autoridades internacionales refleja una convocatoria sin precedentes para un acto de investidura en Ecuador. Cancilleres y ministros de América, Europa, Asia y África han confirmado su participación, subrayando el interés global en el nuevo liderazgo ecuatoriano.
Figuras clave como Robert Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, y Huai Jinpeng, ministro de Educación de China, encabezan las misiones de alto nivel. A ellos se suman representantes de Corea del Sur, Reino Unido, Canadá, Italia, Ucrania y Paraguay, entre otros.
Además de los representantes gubernamentales, también asistirán altos cargos de poderes legislativos internacionales, como el presidente del Senado chileno, Manuel José Ossandón, y Francesca Armegol, presidenta del Congreso de los Diputados de España, así como parlamentarios de Alemania y otros países.
Este amplio respaldo internacional coincide con el inicio de una agenda legislativa marcada por la urgencia. Apenas días después de conformarse la nueva Asamblea Nacional, el presidente Noboa ha enviado un proyecto de ley calificado como prioritario, que busca golpear las estructuras financieras del crimen organizado.
El proyecto responde a la declaratoria de conflicto armado interno realizada por el propio Noboa a comienzos de año, en el marco de la lucha contra las mafias que han ganado terreno en el país. Se trata de una respuesta directa a uno de los problemas más graves que enfrenta Ecuador: la expansión del crimen organizado y su impacto sobre la institucionalidad.
La ley, según lo informado por el Gobierno, propone cambios en el régimen de uso de la fuerza por parte del Estado. Plantea una categoría diferenciada para los delincuentes, considerándolos “combatientes”, y autoriza al presidente a conceder indultos a militares o policías procesados por hechos vinculados al conflicto.
La propuesta también incorpora medidas económicas para proteger la economía formal y fortalecer las zonas afectadas por las economías ilícitas. Se contemplan incentivos a la formalización, estímulos fiscales y recuperación de ingresos tributarios, en un intento de cerrar el cerco financiero al crimen organizado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha respaldado públicamente la propuesta, comprometiéndose a su tratamiento prioritario. “El país exige resultados inmediatos en seguridad y orden”, escribió Olsen en la red X, reflejando la sintonía entre Ejecutivo y Legislativo.
