Federico Santoro mano derecha de Marset se declara culpable en EE. UU. por lavado de dinero del narcotráfico

Federico Santoro Vassallo, conocido como “el Capitán” y señalado como el operador financiero de Sebastián Marset, admitió ante la justicia estadounidense su responsabilidad en el lavado de millones de dólares procedentes del narcotráfico. La declaración abre un nuevo capítulo en una red criminal transnacional que conecta a América del Sur, Asia y Europa con el sistema financiero de EE.UU.

El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, apodado “Capitán”, se declaró culpable en Estados Unidos de liderar una red transnacional de lavado de dinero procedente del narcotráfico. La admisión fue anunciada por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia y el Departamento de Justicia, que lo identifican como el principal colaborador financiero del prófugo Sebastián Marset.

Santoro, de 44 años y detenido en Paraguay en 2023 durante el operativo “A Ultranza”, fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos federales. Según la acusación, manejaba millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína, utilizando complejas maniobras bancarias y empresas pantalla registradas en Sudamérica y Asia.

La red criminal encabezada por Marset, quien permanece prófugo, operaba en múltiples países, incluyendo Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y varias naciones europeas. Estados Unidos sostiene que la organización traficó toneladas de cocaína y recurrió a esquemas financieros sofisticados para legitimar sus ingresos ilícitos.

Según el documento judicial, Santoro actuaba como “blanqueador transnacional” y ejecutaba la entrega encubierta de fondos en euros, posteriormente transferidos a cuentas en dólares a través de bancos corresponsales en EE.UU. Este esquema habría permitido mover al menos 8 millones de dólares en menos de cinco meses.

La Fiscalía detalla que Santoro utilizó siete empresas, registradas con nombres que simulaban actividades legítimas, para facilitar los movimientos financieros. El uso de facturación falsa, operaciones ficticias y compañías de fachada fueron clave para encubrir el origen del dinero.

Además, el acusado y su entorno recurrían a amenazas y posibles actos violentos para proteger sus operaciones, según sostiene el expediente. Esta conducta refuerza el perfil de alta peligrosidad con el que las autoridades de EE.UU. y Paraguay caracterizan al grupo.

En uno de los casos citados, en enero de 2021, Marset supuestamente esperaba más de 17 millones de euros de una sola operación de tráfico. Santoro fue responsable de recolectar y lavar al menos 5 millones de esa cifra, valiéndose del sistema bancario estadounidense para ocultar el rastro.

Las conexiones de Santoro no se limitan al narcotráfico: también fue vinculado al caso del avión iraní detenido en Paraguay con tripulantes del Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos. Se lo acusa de haber facilitado su estadía y logística, además de ayudar a Marset a salir del país.

En Paraguay, Santoro fue imputado por lavado de activos y asociación criminal, pero el proceso quedó en pausa para permitir su extradición a EE.UU. Su papel fue crucial dentro del esquema financiero de Marset e Insfrán, alias “Tío Rico”, líder paraguayo también detenido.

La operación “A Ultranza” expuso una red criminal de gran alcance con más de 50 imputados en Paraguay, incluidos políticos y empresarios. Entre ellos figuran el senador cartista Erico Galeano y el exdiputado Juan Carlos Ozorio, junto a miembros de la élite empresarial.

Varias personas cumplen prisión preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue, incluyendo Miguel Ángel Insfrán y otros integrantes clave del entramado, como el operador logístico Luis Sebriano y el narcopiloto Job Von Zastrow. La magnitud del caso lo convierte en uno de los mayores escándalos de crimen organizado del país.

La confesión de Santoro ante la justicia estadounidense refuerza la presión internacional sobre Marset y su entorno, y evidencia cómo el narcotráfico ha logrado infiltrarse en sistemas económicos globales. El caso representa un desafío para la cooperación judicial y financiera entre naciones frente al crimen transnacional.