Desde el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este jueves una ambiciosa propuesta que apunta a cerrar de manera definitiva el prolongado conflicto entre el Estado y las comunidades mapuche en el sur del país. El plan contempla la creación de un nuevo sistema de tierras indígenas con mecanismos más ágiles y eficientes que garanticen el acceso a la propiedad ancestral.
La iniciativa toma como base las recomendaciones elaboradas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, establecida en 2023, la cual entregó un diagnóstico crítico sobre las fallas estructurales en la actual institucionalidad, calificándola de “deficiente” y responsable de agudizar las tensiones territoriales.
Durante su alocución televisiva, Boric recalcó que un país que respeta la diversidad y rechaza la violencia es un país más justo para todos. Subrayó que el sistema actual ha generado resultados “intolerables”, con comunidades mapuche esperando por décadas la restitución de sus tierras sin una solución concreta.
El nuevo modelo no solo busca acelerar esos procesos, sino que también será sometido a una consulta formal con el pueblo mapuche durante el segundo semestre del año, cumpliendo con el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile. Esta consulta será clave para legitimar las medidas propuestas y recoger aportes desde las propias comunidades.
En paralelo, el Ejecutivo enviará al Congreso una reforma constitucional para incorporar el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Carta Magna. Esta propuesta responde a una de las demandas históricas más sentidas por los pueblos originarios, aunque Boric reconoció que no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar con facilidad.
Como parte de una estrategia más amplia, también se anunció la creación de un nuevo órgano estatal de alto nivel dedicado exclusivamente a los asuntos indígenas. Esta nueva institucionalidad tendrá entre sus funciones la coordinación de políticas públicas específicas y la supervisión del cumplimiento de derechos indígenas.
A nivel territorial, el Gobierno implementará un plan de reactivación económica centrado en las provincias de Arauco y Malleco, zonas especialmente afectadas por la violencia rural y los conflictos entre comunidades, empresas forestales y fuerzas del orden. El diseño del plan quedará en manos del Ministerio de Economía.
El origen del conflicto se remonta al proceso de la “Pacificación de La Araucanía”, una ocupación militar impulsada por el Estado en el siglo XIX que desplazó a comunidades mapuche y cedió sus tierras a actores privados. Desde entonces, el sur de Chile ha sido escenario de numerosos enfrentamientos y tensiones no resueltas.
Los ataques incendiarios, la militarización de zonas rurales, las muertes de comuneros y efectivos policiales, y las huelgas de hambre de presos mapuche reflejan la profundidad de un conflicto que no ha sido abordado con soluciones estructurales por parte de gobiernos anteriores.
Boric insistió en que la solución debe venir desde la política y el diálogo. “Este es un momento histórico para abordar la raíz del conflicto desde la democracia”, afirmó, haciendo un llamado a todos los sectores políticos a comprometerse con una salida pacífica y duradera.
Chile atraviesa una etapa de alta tensión social, donde la diversidad cultural y el respeto a los pueblos originarios se han convertido en temas centrales del debate público. El pueblo mapuche, el más numeroso del país, ha manifestado reiteradamente su descontento con las políticas estatales.
