Este jueves, un juzgado chileno dictó el sobreseimiento definitivo de la causa que pesaba sobre el presidente Gabriel Boric, acusado de haber difundido imágenes íntimas hace diez años. La decisión del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tomada luego de la solicitud de la Fiscalía Regional de Magallanes, cierra un capítulo judicial que se inició con la denuncia de una mujer en septiembre de 2024.
El abogado de Boric, Jonatan Valenzuela, comunicó que el mandatario había sido completamente exonerado, como lo había sostenido su defensa desde el inicio. “Tras la realización de las diligencias correspondientes, se ha establecido la total inocencia de mi representado”, afirmó Valenzuela.
Según los antecedentes, la denuncia se originó por una acusación de una mujer con la que Boric coincidió durante su periodo de prácticas profesionales en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas. La mujer alegó que, en 2013, perdió un pendrive con imágenes privadas, que más tarde, en 2021, se difundieron por internet. Ella atribuyó la filtración al presidente.
Desde el comienzo del caso, tanto la defensa como el Gobierno de Boric insistieron en que la acusación carecía de base y que la verdadera víctima era el presidente. La denuncia llegó en medio de un contexto político tenso, lo que generó fuertes críticas y cuestionamientos de algunos sectores de la derecha.
En noviembre pasado, cuando la causa se hizo pública, el abogado de Boric reveló que la denunciante había enviado 25 correos electrónicos entre 2013 y 2014, en los que manifestaba su deseo de entablar una relación sentimental con el presidente. Los correos fueron intercambiados cuando Boric ya era una figura prominente del movimiento estudiantil y, luego, diputado en el Congreso.
Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, partido de Boric, salió a defender al presidente, asegurando que algunos actores políticos de la derecha intentaron manipular la denuncia sin fundamento para atacarlo. “La justicia debe hacer su trabajo, pero los actores políticos tienen la responsabilidad de cuidar las instituciones”, señaló en sus redes sociales.
La denuncia contra Boric, que fue presentada en un contexto cargado de tensiones políticas, también se vio envuelta en controversia por las antecedentes de la denunciante. A lo largo de la investigación, se supo que la mujer enfrentaba al menos cuatro causas judiciales por diversos delitos, entre ellos amenazas, robo con intimidación y desórdenes públicos.
Desde el Ejecutivo y la defensa del presidente, se ha señalado que las acusaciones carecían de fundamento y que la denuncia debía ser vista bajo una óptica crítica, sobre todo por el momento en que se presenta, en medio de la creciente polarización política en el país.
Además, algunos analistas sostienen que la acusación formó parte de una estrategia de la oposición para desacreditar al mandatario, especialmente debido a la cercanía de importantes procesos electorales. No obstante, la justicia chilena determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones.
Este caso también reavivó el debate sobre el uso de las redes sociales y otros medios para atacar a figuras políticas, especialmente cuando no hay elementos claros que respalden las denuncias. Muchos han advertido sobre la importancia de separar el trabajo judicial de la lucha política, para evitar que se manipulen los procedimientos legales con fines electorales.
La decisión judicial de este jueves, que sobresee a Boric, puede dar paso a un cierre definitivo del caso, pero las repercusiones políticas de este episodio podrían perdurar en la arena política del país.
