La Fiscalía de la Nación de Perú ha solicitado este jueves a la presidenta Dina Boluarte que entregue una serie de documentos relacionados con su estado de salud y las normativas que firmó entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023. Estos documentos están vinculados con la intervención quirúrgica a la que fue sometida en ese período. La entidad otorgó un plazo de 24 horas para que Boluarte o su defensa legal presenten la información requerida.
La solicitud incluye 91 normas en original que, según la Fiscalía, Boluarte suscribió en el lapso de tiempo mencionado. Además, se pide información sobre el estado de salud de la mandataria, que habría sido el motivo de su operación. La investigación que enfrenta la presidenta está centrada en la omisión de funciones o abandono del cargo, pues la Fiscalía considera que no se le informó al Congreso sobre el impedimento temporal para el ejercicio de su mandato durante esos días.
Boluarte ha rechazado las acusaciones de omisión de funciones. Su abogado, Juan Carlos Portugal, destacó en entrevistas que la normativa interna del Despacho Presidencial establece que las normas y expedientes firmados por la presidenta son devueltos a los sectores correspondientes, los cuales son los responsables de su custodia. En cuanto al historial médico de la mandataria, Portugal indicó que el equipo de defensa entregó información “seleccionada” relacionada con el caso y que no comprende todos los aspectos de su salud.
El caso ha generado polémica, ya que la omisión de comunicar su incapacidad temporal al Congreso podría haber violado las disposiciones constitucionales y legales. La presidenta, en su defensa, insistió en que no cometió omisión de funciones, argumentando que no estuvo inconsciente ni ausente de sus labores, y que no existe una norma específica que la obligará a informar sobre su situación médica.
El lunes pasado, Boluarte se presentó ante la Fiscalía para brindar su declaración sobre este tema. Durante su comparecencia, su abogado afirmó que la presidenta nunca se ausentó de sus funciones constitucionales y que las acusaciones no se ajustan a la realidad. Según Portugal, la mandataria siempre estuvo en capacidad de cumplir con sus responsabilidades durante el tiempo que duró su intervención quirúrgica.
El Ministerio Público sigue adelante con la investigación, aunque las autoridades judiciales aún no han tomado una decisión final sobre si Boluarte será procesada. La solicitud de los documentos sobre su salud y las normativas suscritas tiene como objetivo esclarecer si existió alguna irregularidad en el manejo de su incapacidad temporal y en su relación con el Congreso durante ese período.
Este caso llega en un momento delicado para la presidenta Boluarte, que atraviesa una serie de críticas y desafíos en su gobierno. El tema de su salud, en particular, ha sido objeto de debate, ya que la falta de comunicación sobre su estado físico ha generado desconcierto en varios sectores políticos. Sin embargo, algunos de sus aliados defienden que la presidenta actuó dentro del marco legal y constitucional, y que la solicitud de la Fiscalía carece de base jurídica.
Boluarte se enfrenta a una creciente presión tanto interna como externa, pues la situación podría afectar su imagen y la estabilidad política de su gobierno. Si bien el proceso aún está en sus primeras etapas, la resolución de la Fiscalía podría tener implicaciones significativas para el futuro político de la mandataria.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad de la omisión de funciones y la comunicación de la incapacidad continúa siendo un tema de discusión entre los sectores políticos y legales de Perú. Las autoridades judiciales deberán ahora evaluar si la presidenta incurrió en alguna falta o si su proceder fue acorde a la normativa vigente en el país.
