En un discurso con fuerte carga política, la presidenta peruana Dina Boluarte anunció este miércoles que presentará ante el Congreso un proyecto de Ley que busca retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La medida se da en respuesta a la postura crítica del organismo respecto a la recientemente promulgada ley de amnistía que beneficia a miembros de las fuerzas del orden.
El anuncio se realizó durante la conmemoración del Día Nacional de la Defensa, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno. Boluarte argumentó que la iniciativa busca “proteger la soberanía nacional” y garantizar que ningún actor externo interfiera en las decisiones internas del país.
“No vamos a permitir que intereses extranjeros condicionen el rumbo de nuestra democracia ni interfieran en la aplicación de nuestra Constitución”, afirmó la mandataria en un mensaje directo a la comunidad internacional.
La decisión marca un punto de inflexión en la relación entre Perú y el sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno se muestra cada vez más distante de los organismos multilaterales, sobre todo después de que la CIDH pidiera revocar la ley de amnistía que protege a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos en décadas pasadas.
Boluarte aseguró que el proyecto de ley se sustenta en el artículo 44 de la Constitución peruana, que establece como deberes del Estado la defensa de la soberanía y la integridad nacional. Según dijo, su gobierno está comprometido con ese mandato constitucional.
La Ley de amnistía en cuestión ha generado amplio rechazo tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y líderes de opinión han señalado que representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
La CIDH, por su parte, ha sostenido que la norma viola tratados internacionales suscritos por el Estado peruano y representa una amenaza directa al derecho de las víctimas a la justicia. Su solicitud para que se derogue ha sido respondida con hostilidad desde el Ejecutivo.
El gobierno peruano, en cambio, defiende la amnistía como una medida de “reconciliación nacional” y considera que las críticas internacionales desconocen el contexto interno y las necesidades de estabilidad.
Esta no es la primera vez que un gobierno sudamericano plantea dejar la CIDH. Venezuela y Nicaragua, bajo regímenes autoritarios, ya abandonaron el organismo. Sin embargo, Perú históricamente ha sido uno de los defensores del sistema interamericano.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han manifestado preocupación por la deriva autoritaria que podría implicar esta iniciativa. Advierten que dejar la CIDH implicaría renunciar a un mecanismo clave de protección para los ciudadanos frente a posibles abusos del poder estatal.
El proyecto deberá pasar ahora por el Congreso, donde necesitará apoyo mayoritario. El escenario aún es incierto, pero la sola presentación del texto abre una nueva etapa de confrontación entre el Ejecutivo peruano y los organismos internacionales de derechos humanos.
