En una acción coordinada de cinco días, fuerzas antidrogas, militares y custodios ambientales de Paraguay destruyeron más de 25 toneladas de marihuana y eliminaron cultivos ilegales en una importante reserva natural. El operativo se desarrolló en el Bosque Mbaracayú, una zona protegida ubicada en el departamento de Canindeyú, al noreste del país y fronterizo con Brasil.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lideró la operación, denominada “Mbaracayú II/2025”, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), helicópteros de la Fuerza Aérea y representantes de la Fundación Moisés Bertoni, encargada de la gestión del área protegida.
Como resultado del despliegue, las fuerzas especiales erradicaron más de 102 hectáreas de plantaciones ilegales de cannabis y destruyeron 25.930 kilos de marihuana picada y en ramas, lista para su distribución. Además, desmantelaron 16 campamentos narcos que operaban dentro del bosque.
El Bosque Mbaracayú, de más de 64 mil hectáreas, es uno de los remanentes más importantes del Bosque Atlántico, un ecosistema tropical compartido por Paraguay, Brasil y Argentina, con una biodiversidad comparable a la del Amazonas.
Según la Senad, el objetivo de la operación fue frenar el avance de organizaciones criminales que utilizan el área protegida como refugio y centro de producción de marihuana, lo que representa una amenaza directa para el equilibrio ecológico de la región.
En su comunicado, la institución advirtió que al menos 3.000 hectáreas del bosque ya han sido afectadas por el narcotráfico en los últimos años. La situación refleja un deterioro progresivo del entorno natural, impulsado por la actividad ilegal y la deforestación.
El Instituto Forestal Nacional (Infona) alertó, en un informe reciente, que entre 2020 y 2022 se deforestaron más de 50 mil hectáreas de bosque nativo en la Región Oriental de Paraguay. De ese total, al menos un 20% fue degradado por cultivos ilícitos, muchos de ellos en zonas protegidas.
Organismos ambientales y de seguridad han encendido las alarmas ante este fenómeno, que no solo vulnera las leyes de conservación, sino que también fortalece el poder territorial de grupos vinculados al crimen organizado.
La colaboración entre las fuerzas del orden y entidades civiles como la Fundación Moisés Bertoni ha sido clave para detectar y actuar en áreas de difícil acceso, donde se instalan los cultivos aprovechando la densidad del bosque.
Sin embargo, especialistas advierten que las operaciones deben tener continuidad y acompañarse de políticas de recuperación ambiental, desarrollo rural sostenible y mayor control territorial para evitar el resurgimiento de los cultivos ilegales.
