La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este lunes el toque de queda en la provincia de Pataz, región La Libertad, en respuesta a la reciente masacre de 13 mineros que habían sido reportados como secuestrados. La medida comenzará a regir desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y será oficializada mediante un decreto supremo en el diario oficial El Peruano. Además, se anunció la suspensión de toda actividad minera en la zona por un plazo de 30 días.
La decisión se tomó tras una reunión entre Boluarte, el gobernador regional César Acuña y el alcalde provincial Aldo Mariño. Este último había solicitado que se declarara el estado de sitio, considerando la situación como crítica para la seguridad nacional. En lugar del estado de sitio, el Ejecutivo optó por instaurar una base militar en Pataz para reforzar la presencia del Estado ante el avance de redes criminales vinculadas a la minería ilegal y al crimen organizado.
“Es una medida dura, pero necesaria”, sostuvo Acuña, quien respaldó la decisión presidencial al considerar que el territorio está siendo disputado por organizaciones ilegales que desafían al Estado. La escalada de violencia en la zona se agravó con el hallazgo de los cuerpos de los 13 mineros dentro de un socavón. Según sus familias, los cadáveres llevaban varios días allí. La evidencia fílmica que circuló en redes sociales mostró ejecuciones a quemarropa.
Las víctimas trabajaban para la empresa R&R, subcontratada por la minera Poderosa, una de las compañías más importantes en la extracción aurífera de la región. Esta empresa ha sido previamente blanco de ataques. El crimen expuso las tensiones existentes en zonas donde conviven minería legal e ilegal, y donde las organizaciones delictivas han establecido control territorial, según denunciaron autoridades locales.
La respuesta tardía del Gobierno generó controversias. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había descartado el secuestro días antes, alegando que no existía denuncia formal, lo cual fue desmentido por los familiares de los mineros. “Es una mentira. Mi hijo fue secuestrado y lo denunciamos a tiempo. Ahora lo tenemos muerto”, dijo entre lágrimas Enrique Carbonel, padre de una de las víctimas, quien exigió la renuncia del premier por su falta de sensibilidad y responsabilidad.
En conferencia de prensa, Adrianzén justificó su declaración señalando que simplemente replicó la información proporcionada por la empresa Poderosa, que negó haber recibido alertas sobre el secuestro de sus trabajadores.
