Las autoridades colombianas confirmaron este jueves la liberación de los 33 militares que habían sido retenidos al inicio de la semana por pobladores de una vereda rural en el departamento de Guaviare, al sur del país, tras una operación militar contra disidencias de las FARC.
“En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare”, informó Iris Marín, defensora del Pueblo, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.
La funcionaria agradeció el acompañamiento de organismos como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), y a los representantes de la sociedad civil que facilitaron la liberación.
“Hacemos un llamado a evitar la estigmatización de estas comunidades, que han vivido durante años el impacto directo del conflicto armado”, puntualizó Marín, subrayando la necesidad de mantener los canales de diálogo abiertos en zonas históricamente golpeadas por la violencia.
La liberación de los uniformados se logró luego de la intervención de una comisión mixta integrada por delegados del Gobierno nacional y organismos internacionales de derechos humanos, que se trasladaron hasta la vereda Nueva York para entablar conversaciones directas con la población.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anunció la interposición de una denuncia penal por los presuntos delitos de secuestro, obstrucción a la función pública y asonada. La cartera también instó a las Naciones Unidas y otros entes a seguir acompañando el proceso en la zona.
La retención de los militares ocurrió en la misma área rural donde, días antes, fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, considerado uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia activa de las extintas FARC.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, Vanegas Leyva tenía un papel estratégico en la consolidación de corredores del narcotráfico entre los departamentos de Meta y Guaviare, con el fin de fortalecer a ese grupo armado ilegal.
Tras su neutralización en un operativo militar, se registraron nuevos enfrentamientos en la región que dejaron un saldo de diez disidentes muertos. Posteriormente, miembros de la comunidad local bloquearon la movilidad de tropas y retuvieron a los 33 uniformados.
El gobierno insiste en que hechos como este no pueden ser tolerados y deben ser judicializados, aunque también reconoce que una solución de fondo requiere más presencia institucional, inversión social y un enfoque de paz territorial que evite la repetición de estas crisis.
