El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, presentó hoy un paquete de reformas al sistema previsional, llamado Ley de Fortalecimiento Crediticio. Se trata de su quinta propuesta económica urgente desde su reelección en 2025. El mecanismo exprés obliga a la Asamblea Nacional a aprobar en 30 días.
Noboa envió formalmente el proyecto desde Japón, donde se encuentra en agenda oficial. Esta dinámica de reformas exprés demuestra su estilo acelerado, pero también genera preocupaciones por la deliberación democrática.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia explica que la propuesta busca reformar el manejo de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados administrados por el Banco del IESS (Biess), y busca fortalecer su institucionalidad y transparencia.
Entre las medidas sobresale la devolución de los planes de pensiones privados actualmente gestionados por el Biess, una medida que reivindica la propiedad de los fondos por parte de los afiliados.
Asimismo, se plantea facultar al Biess para liquidar fideicomisos improductivos y reactivar aquellos que sean viables, con el objetivo de evitar pérdidas y mejorar el portafolio de inversiones.
Otra iniciativa clave es permitir al Biess usar parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento, lo que podría incrementar la disponibilidad de recursos para vivienda, educación y desarrollo personal.
También se propone organizar y financiar democráticamente las elecciones de los vocales del Consejo del IESS, buscando procesos más transparentes y regulados.
Según el Ejecutivo, estos cambios tendrían múltiples beneficios: proteger los ahorros previsionales, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, ofertar más crédito al público y robustecer las instituciones financieras.
La bancada oficialista en la Asamblea Nacional respaldó la propuesta, calificando la seguridad social como una prioridad nacional y comprometiéndose a tramitarla de forma urgente.
No obstante, esta nueva iniciativa llega en contexto de tensiones: las cuatro leyes urgentes anteriores impulsadas por Noboa enfrentan más de una docena de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, lo que ha frenado su avance.
Tres de esas leyes fueron parcialmente suspendidas por esos recursos legales. Entre ellas, está la polémica prerrogativa presidencial de indultar a policías y militares por delitos en el contexto del conflicto contra el crimen organizado, y la normativa que permitía a agentes de inteligencia usar identidades falsas o exigir datos de usuarios a empresas de telecomunicaciones.
