Colombia vive una crisis de violencia sin precedentes, que ha llevado al presidente Gustavo Petro a declarar el “estado de conmoción interior”. La medida, anunciada el lunes, tiene como respuesta una ola de enfrentamientos violentos que ha dejado más de 100 muertos y cerca de 20.000 desplazados en solo cinco días. El conflicto se desató el pasado jueves, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó a la población civil en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, mientras se enfrentaba con disidentes de las FARC que nunca aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016.
Los combates han sido intensos, con asesinatos selectivos y enfrentamientos entre las facciones guerrilleras, lo que ha aumentado drásticamente el saldo de víctimas mortales. En particular, las regiones afectadas son conocidas por ser el epicentro del narcotráfico y los cultivos ilícitos, lo que complica aún más la situación. A lo largo del fin de semana, las autoridades confirmaron que más de 19.800 personas han sido desplazadas, y se teme que la cifra siga aumentando.
El general Erik Rodríguez, de la Fuerza Pública, informó que se están tomando medidas para asistir a los desplazados, brindando apoyo logístico en los albergues improvisados que han sido habilitados en diversas localidades. Sin embargo, la crisis sigue creciendo y el gobierno enfrenta serias dificultades para controlar la situación.
Este giro hacia la violencia es un golpe significativo para el presidente Petro, quien asumió su mandato con el objetivo de pacificar al país, particularmente mediante la negociación con grupos guerrilleros y bandas criminales. La situación ha demostrado la complejidad del conflicto en Colombia y la resistencia de grupos como el ELN, que continúan desafiando al gobierno central.
En medio de la crisis, el Ministerio de Defensa de Colombia reportó la muerte de 20 guerrilleros en enfrentamientos en el departamento de Guaviare, al sur del país. Esta cifra se sumó a otras 80 víctimas fatales por enfrentamientos en distintas regiones. Además, en Bolívar, un territorio clave para el narcotráfico, se registraron nueve muertos debido a los choques entre el ELN y el Clan del Golfo, una de las bandas criminales más poderosas de Colombia.
La Constitución colombiana permite que el presidente declare el “estado de conmoción interior” en situaciones de perturbación grave del orden público, lo que otorga al gobierno poderes extraordinarios para tomar medidas contra los responsables y proteger la seguridad del Estado. Sin embargo, la declaración de Petro ha generado inquietudes, pues no se especifica el alcance de las medidas que tomará el Ejecutivo, ni cuánto tiempo durará el estado excepcional, que puede extenderse por hasta 90 días.
La situación es especialmente delicada debido a que el presidente Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN tras acusarlos de cometer crímenes de guerra. Este fue un paso firme del mandatario, que ha tratado de balancear el diálogo con la lucha contra la violencia, pero la situación en el terreno parece estar fuera de control. Las denuncias de crímenes de guerra por parte del ELN han hecho que las relaciones entre el gobierno y este grupo guerrillero se tensionen aún más.
Mientras tanto, miles de colombianos han huido hacia Venezuela, buscando escapar de la violencia. En las zonas afectadas, la Fuerza Pública ha estado concentrada en rescatar a la población vulnerable mediante helicópteros, aunque los enfrentamientos han dificultado la recuperación de cuerpos y el acceso a las áreas más críticas.
Uno de los aspectos más inquietantes de la situación es el alto nivel de violencia entre las facciones guerrilleras y los grupos narcotraficantes. Los enfrentamientos entre los disidentes de las FARC, que se partieron tras la firma del acuerdo de paz de 2016, han creado un panorama aún más caótico. En particular, la disputa territorial entre los comandantes disidentes “Iván Mordisco” y “Calarcá” ha generado más tensiones y enfrentamientos en el Amazonas colombiano.
Los enfrentamientos entre estos grupos no solo reflejan una fractura interna dentro de las FARC, sino también la creciente influencia de narcotraficantes que continúan controlando importantes territorios del país. En las últimas semanas, el narcotráfico ha cobrado mayor protagonismo, y el gobierno de Petro se enfrenta a la difícil tarea de contener tanto a las guerrillas como a las bandas criminales que operan en diversas regiones.
Los efectos de esta crisis se sienten en todo el país. La violencia ha llegado a ser tan generalizada que las morgues en el departamento de Norte de Santander, donde se encuentra Catatumbo, están saturadas, con cuerpos que no pueden ser recuperados debido a la acción de los rebeldes que impiden el acceso del Ejército.
La declaración de “estado de conmoción interior” no es solo un reflejo de la gravedad de la situación, sino también de la urgencia con la que el gobierno debe actuar para frenar la violencia que sigue azotando a Colombia. En este contexto, la política de paz del presidente Petro se encuentra en una encrucijada, y el futuro de las negociaciones dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para restaurar el orden y frenar la creciente violencia.
