El primer día de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reincorporar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta decisión revoca la medida adoptada por el presidente Joe Biden en enero, que había excluido a la isla de dicho listado. La nueva medida reestablece las restricciones que se habían impuesto a Cuba desde su inclusión en la lista en enero de 2021, durante el gobierno de Trump, y endurece la postura estadounidense hacia la isla.
La orden de Biden, firmada justo antes de su salida de la Casa Blanca, había tenido como objetivo aliviar las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. A través de ella, se buscaba facilitar la liberación de 553 presos cubanos, como parte de un proceso negociado con la mediación del Vaticano. Además, Biden suspendió temporalmente la capacidad de los ciudadanos estadounidenses para demandar en tribunales por la expropiación de propiedades en Cuba y levantó ciertas sanciones financieras. Sin embargo, la medida de Trump, al revertir esta política, restablece las restricciones sobre la isla, incluidas prohibiciones de venta de armas, controles más estrictos a las exportaciones, y la imposición de diversas sanciones económicas.
La reactivación de estas sanciones se justifica por la inclusión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cuba, un grupo guerrillero colombiano que llegó a la isla para llevar a cabo negociaciones de paz con el Gobierno de Colombia. Aunque el gobierno cubano negó estas acusaciones, considerándolas un pretexto para recrudecer el embargo económico, la administración de Trump insistió en que la presencia del ELN justificaba la reincorporación de Cuba a la lista.
Este paso refleja el regreso a una política más dura hacia Cuba, similar a la adoptada durante el primer mandato de Trump, cuando se interrumpió el proceso de “deshielo” diplomático impulsado por el presidente Barack Obama. Con la reimposición de sanciones y restricciones, se intensifica la presión sobre el régimen cubano, en un contexto de tensas relaciones entre ambos países, que incluyen el mantenimiento del embargo económico y la condena constante a las violaciones de derechos humanos en la isla.
La medida también fue respaldada por Marco Rubio, recientemente confirmado como secretario de Estado, quien afirmó que no tenía “dudas” de que Cuba sigue siendo un estado promotor del terrorismo. La decisión se produce en un momento en que las relaciones entre Washington y La Habana siguen siendo muy frágiles, con la administración estadounidense manteniendo su postura de presión constante sobre el gobierno cubano.
Por otro lado, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, calificó la reincorporación de la isla en la lista como una “burla” y un “acto de arrogancia”. En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de utilizar la inclusión de Cuba en el listado como una estrategia para fortalecer la “guerra económica” contra la isla. Además, el mandatario cubano destacó que, a pesar de las sanciones, el pueblo cubano continuará luchando por su libertad y soberanía.
En paralelo, el gobierno cubano inició un proceso gradual de excarcelación de prisioneros políticos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), 114 prisioneros fueron liberados, en su mayoría personas encarceladas por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, un hito en las manifestaciones contra el régimen. Entre los excarcelados se encuentran figuras de la oposición, como Tania Echevarría Menéndez, del colectivo Damas de Blanco, quien cumplía una condena de seis años por su participación en las protestas.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, confirmó la liberación de Echevarría a través de las redes sociales, aunque también señaló que varios miembros del colectivo siguen detenidos, incluidos Sissi Abascal, Sayli Navarro y Aymara Nieto. La liberación de estos prisioneros políticos podría interpretarse como un gesto de buena voluntad por parte de la dictadura cubana, aunque las críticas a las restricciones de libertad continúan.
Además, entre los excarcelados se encuentran figuras como Félix Navarro, un opositor histórico, quien fue liberado junto a su hija Sayli Navarro, detenida en el contexto de las protestas del 11J. Amnistía Internacional ha reconocido a Sayli como presa de conciencia, un término utilizado para describir a personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El restablecimiento de las sanciones por parte de Trump refleja una continuidad de la política exterior estadounidense hacia Cuba, con un énfasis en la presión económica y diplomática. A pesar de las medidas de apertura propuestas por algunos sectores, el gobierno cubano sigue enfrentando un escenario complejo tanto en el ámbito interno como en sus relaciones con Estados Unidos. La situación continúa siendo una de las principales fuentes de tensión en la política internacional de ambos países.
