La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó en particular un proyecto de Ley que busca restringir el acceso a cargos públicos a personas que presenten dependencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales. El texto fue remitido al Senado para su segundo trámite constitucional.
La propuesta establece que quienes aspiren a cargos como presidente, senador, diputado, alcalde o concejal, entre otros, deberán acreditar que no consumen drogas ilegales. De lo contrario, quedarán inhabilitados para postular.
La iniciativa surgió de la fusión de mociones impulsadas por las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada. El argumento central es “resguardar el principio de probidad” y garantizar que los altos funcionarios del Estado estén en condiciones óptimas para ejercer sus funciones.
El texto aprobado establece una exigencia clara: toda persona que postule a los cargos señalados deberá presentar una declaración jurada en la que asegure no tener dependencia de sustancias ilícitas, junto con un examen médico que lo acredite.
Esta disposición no solo se aplica a candidatos electorales. También abarca a ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicios públicos, delegados presidenciales y otros funcionarios de alto rango en la administración del Estado.
El proyecto deja margen para excepciones. Por ejemplo, si el consumo de alguna sustancia estuviera debidamente prescrito como parte de un tratamiento médico, la inhabilidad no se aplicaría. En estos casos, se deberá acreditar la situación clínica correspondiente.
En cuanto al mecanismo de control, el proyecto establece que los resultados del test y la declaración jurada serán de carácter público, y deberán estar disponibles en los sitios web de las respectivas instituciones.
Además, los funcionarios que asuman cargos públicos estarán obligados a someterse a un test de drogas al menos una vez al año, durante el tiempo que permanezcan en funciones.
Cabe señalar que en el proceso legislativo se habían propuesto otras modificaciones, como realizar test de drogas hasta cuatro veces al año. Sin embargo, estas indicaciones fueron finalmente descartadas por la comisión encargada.
El proyecto fue aprobado en general el pasado 23 de abril, pero debió volver a la Comisión de Gobierno Interior tras recibir nuevas indicaciones. Ahora, tras ser discutido en particular, obtuvo el respaldo suficiente para pasar a la siguiente etapa legislativa.
Si bien la iniciativa ha sido presentada como una herramienta para aumentar la confianza ciudadana en las instituciones, algunos sectores han advertido sobre posibles riesgos de estigmatización o de aplicación arbitraria del criterio de “dependencia”, en ausencia de definiciones clínicas claras.
