El Gobierno argentino implementó recientemente una nueva medida que ha generado una creciente controversia. A partir del 30 de enero de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones publicó la disposición 166/2025, que modifica la normativa vigente hasta entonces, al eximir a las empresas de transporte internacional de verificar los permisos necesarios para el viaje de menores de edad. Esta medida, que afecta tanto al transporte aéreo como terrestre y marítimo, ha generado una división de opiniones, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los menores de edad.
Hasta la semana pasada, las empresas de transporte internacional estaban obligadas a verificar que los menores de edad contarán con los permisos adecuados de sus progenitores o tutores, así como la documentación necesaria para garantizar su entrada y salida del país. Sin embargo, con la nueva disposición, el control de estos documentos pasará a manos de Migraciones, y las empresas ya no tendrán que realizar estas verificaciones.
Desde el Ejecutivo, se argumenta que esta flexibilización es necesaria debido a las nuevas modalidades de contratación en el sector del transporte, como la venta de pasajes en línea y el proceso remoto de check-in previo al abordaje. Esto ha permitido reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en los procesos, según aseguran fuentes oficiales.
En los hechos, esto significa que las compañías de transporte internacional ya no estarán obligadas a verificar documentos como la autorización para viajar con menores, ni la acreditación de los vínculos familiares. De este modo, las empresas ya no se verán forzadas a cumplir con un doble control burocrático, lo que, según las autoridades, permitirá agilidad en los procedimientos y menos litigiosidad.
Sin embargo, la medida ha generado múltiples críticas, especialmente desde la oposición política. La diputada nacional de la Coalición Cívica (CC), Mónica Frade, calificó la resolución como un “escándalo”, advirtiendo que ahora será mucho más fácil para los delincuentes traficar con menores. “Se podrá sacar a los niños del país con suma facilidad”, comentó en sus redes sociales. Frade también hizo un llamado de atención a la falta de controles que considera esencial para la protección de los menores de edad.
Por su parte, Ana María Ianni, diputada nacional por Santa Cruz, también se manifestó en contra de la medida, alertando sobre los posibles riesgos que esta decisión podría representar para los más vulnerables. “Este gobierno deja desprotegidos a los niños”, expresó en sus redes, sumándose a la crítica por la eliminación de una medida de seguridad que consideraban esencial.
Desde el Gobierno, en cambio, defienden la resolución, asegurando que no se ha flexibilizado el control, sino que se ha trasladado la responsabilidad a Migraciones. La nueva disposición establece que los documentos requeridos para los menores de edad serán exigidos en los pasos fronterizos y no por las empresas de transporte. Según la Dirección de Migraciones, esta medida simplifica el acceso a las terminales y agiliza los trámites sin comprometer la seguridad.
Una visión diferente aporta la abogada Deborah Huczek, quien considera que la disposición 166/2025 no infringe derechos constitucionales. Según Huczek, si bien la medida puede generar controversia, en esencia no modifica los controles migratorios, ya que estos seguirán siendo requeridos en los pasos fronterizos. La abogada también defiende que el control de los documentos debe recaer en el Estado y no en las empresas privadas, lo que, según ella, podría generar confusión y responsabilidades indebidas para las empresas de transporte.
En cuanto a la legalidad de la medida, Huczek considera que es completamente válida y que, si alguien considera que esta disposición es inapropiada, puede recurrir a la justicia mediante un recurso de inconstitucionalidad. Además, subraya que el foco de la medida está en mejorar la eficiencia y no en desproteger a los menores, ya que las autoridades migratorias seguirán exigiendo los permisos en el punto de control fronterizo.
El cambio en la normativa también afecta a otros documentos que, hasta la entrada en vigor de la disposición, eran verificados por las empresas de transporte. Por ejemplo, ahora los transportistas internacionales no necesitarán comprobar la residencia de los extranjeros ni verificar el certificado de residencia o los comprobantes de permanencia en el país. Estos controles, ahora, se realizarán únicamente en los puestos migratorios.
A pesar de las justificaciones oficiales, la decisión genera un fuerte rechazo entre quienes creen que, al eliminar el control previo por parte de las empresas, se pone en riesgo la seguridad de los menores de edad y se facilitan prácticas ilícitas. Sin embargo, el Gobierno mantiene su postura de que los controles no se han suavizado, sino que simplemente se han reubicado en manos de Migraciones.
La polémica ha sido intensamente discutida en los medios y en las redes sociales, donde tanto los detractores como los defensores de la medida continúan enfrentándose en un debate sobre el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos de los más vulnerables.
