Casi un año después de su detención en Madrid, Gianina García Troche arribó este martes a Paraguay, extraditada desde España. La uruguaya está imputada en el caso “A Ultranza”, una investigación de gran escala sobre lavado de dinero vinculado al tráfico internacional de drogas.
García Troche llegó a las 6:00 al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a bordo del vuelo UX23 de Air Europa, procedente de Madrid. Su detención se produjo el 17 de julio de 2024, cuando hacía tránsito en el aeropuerto madrileño tras salir de Dubái.
La mujer es pareja de Sebastián Marset, presunto narcotraficante uruguayo y considerado el líder de una organización criminal con operaciones en Sudamérica, África y Medio Oriente. Marset continúa prófugo y es uno de los objetivos prioritarios de Interpol.
La Fiscalía paraguaya sostiene que García Troche creó una empresa de fachada y abrió cuentas bancarias para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Estas operaciones habrían servido para incorporar capital ilícito al sistema financiero formal.
En noviembre de 2023, se supo que agentes de Interpol-Paraguay borraron temporalmente la notificación roja que pesaba sobre ella, lo que habría facilitado su movilidad internacional. Esto desató una investigación interna que hoy compromete a varios funcionarios.
Durante esta jornada, la extraditada comparecerá ante el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, para una audiencia indagatoria. Se le informarán los cargos y podrá optar por declarar o guardar silencio.
Luego será llevada ante la jueza Rosarito Montanía, quien evaluará si se impone la prisión preventiva. La magistrada tomará en cuenta que García Troche estuvo prófuga más de tres años y analizará su lugar de reclusión.
El 25 de abril pasado, la Audiencia Nacional de España autorizó su extradición tras rechazar su solicitud de asilo. Con este traslado se reactiva una de las piezas claves del caso “A Ultranza”.
En paralelo, cuatro agentes de Interpol-Paraguay están procesados por su presunta implicación en el ocultamiento de las alertas rojas contra García Troche y otro sospechoso: José Fernando Estigarribia. En total, realizaron 13 consultas al sistema para confirmar los borrados.
Según la imputación, los oficiales usaron el usuario NSO para borrar rastros de las órdenes de captura. Además, eliminaron el historial de búsqueda en el sistema en Asunción, en lo que el Ministerio Público califica como una grave alteración de pruebas.
La expectativa de pena para García Troche oscila entre 5 y 25 años de prisión. La Fiscalía alega que las operaciones financieras que encabezó permitieron al clan Marset mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas.
El caso revela una red de complicidades y negligencias que obstaculizó la persecución penal de uno de los clanes criminales más peligrosos del Cono Sur. Ahora, con García Troche en suelo paraguayo, la justicia tendrá que demostrar que puede avanzar, incluso cuando los tentáculos del poder ilícito alcanzan estructuras del propio Estado.
