El Gobierno nacional de Argentina aprobó un amplio paquete de reformas para desregular el sector del transporte fluvial y marítimo, con el objetivo de reactivar la Marina Mercante y reducir lo que considera “sobrecostos distorsivos”. A través del decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se estableció el nuevo Régimen de Excepción, que incluye entre sus medidas declarar como servicio esencial a la navegación destinada al transporte comercial de personas, mercaderías y cargas.
La iniciativa se enmarca en una política más amplia de desregulación impulsada por el Ejecutivo, que en los considerandos del decreto destaca la necesidad de “profundizar la libertad de mercados” y promover un sistema económico basado en decisiones libres entre oferta y demanda, como camino para ordenar y reactivar la economía nacional.
Entre los principales cambios, se autoriza a los armadores a solicitar el cese provisorio de bandera nacional de sus buques, con la posibilidad de inscribirse en registros extranjeros para operar bajo condiciones más competitivas. Además, se permitirá que embarcaciones extranjeras —como barcazas paraguayas, por ejemplo— puedan matricularse en Argentina y operar como naves locales.
En todos los casos, estos buques deberán contar con dotación nacional o residentes, cumpliendo con un mínimo del 75% de tripulantes conforme a la Ley de Navegación. Sin embargo, los contratos laborales podrán regirse por las leyes del país de origen del buque, abriendo una vía alternativa para reducir costos laborales, uno de los puntos más cuestionados por los operadores del sector.
El decreto también flexibiliza la contratación de personal y elimina varias exigencias burocráticas, con la intención de mejorar la competitividad de la flota argentina y fomentar nuevas inversiones. Asimismo, amplía de 30 a 60 días el período permitido para que buques internacionales realicen tráfico de cabotaje.
En términos gremiales, uno de los aspectos más polémicos es que ya no se requerirá acuerdo sindical para designar a la tripulación. Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, esto eliminará prácticas de presión previa a la salida de cada nave y reducirá los sobrecostos asociados a “extorsiones informales”.
La norma también establece que, al tratarse de un servicio esencial, en caso de medidas de fuerza deberá garantizarse como mínimo el 75% de la prestación normal. Para actividades consideradas de “importancia trascendental”, como la industria alimenticia, se asegura al menos un 50% del funcionamiento.
Desde el Gobierno señalan que las regulaciones anteriores habían encarecido significativamente la operación de buques argentinos, al punto de que hacerlo era hasta cuatro veces más costoso que en países vecinos. Con esta reforma, se busca eliminar esos obstáculos y facilitar la competencia a nivel regional.
Otra modificación relevante es la simplificación para inscribir o dar de baja buques de la matrícula nacional. También se levantan trabas a la operación de talleres y servicios técnicos navales, habilitando reparaciones con mayor agilidad y sin tantas intervenciones regulatorias.
El Ejecutivo plantea que la legislación anterior, lejos de proteger la Marina Mercante, había provocado un colapso operativo. “Hoy, por ejemplo, las mercaderías de Tierra del Fuego deben viajar en camión al continente, lo que encarece toda la logística”, apuntó Sturzenegger, al justificar la necesidad del cambio estructural.
Finalmente, desde la cartera de Desregulación remarcan que estas medidas son apenas un primer paso en la transformación del sistema de transporte. “La reforma del transporte por agua es esencial para reducir el costo argentino”, sintetizó el ministro, alineado con el plan de liberalización económica que impulsa la actual administración.
