La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles el trámite de urgencia para debatir una Ley de amnistía que podría cambiar el destino judicial del expresidente Jair Bolsonaro y de cientos de personas condenadas por los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una multitud intentó tomar por la fuerza las instituciones democráticas del país.
El resultado fue claro pero polarizante: 311 legisladores votaron a favor, mientras 163 se opusieron. Esta moción acelera el debate parlamentario del proyecto sin pasar por comisiones, una jugada que fue impulsada por sectores de derecha aliados del exmandatario.
El proyecto original propone amnistiar a los involucrados en los ataques a la Plaza de los Tres Poderes, aunque en su versión más reciente podría incluir a figuras de alto rango, como exministros, militares y hasta el propio Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por conspirar contra el orden constitucional.
Desde el oficialismo y sectores progresistas se denunció que la iniciativa representa un grave retroceso. Parlamentarios del gobierno de Lula sostienen que el perdón legal a los responsables de un intento de golpe de Estado envía un mensaje de impunidad y debilita el sistema democrático.
En cambio, desde la oposición se esgrime el argumento de la pacificación nacional. Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, afirmó en el recinto que su padre “debe recuperar lo que le fue arrebatado” por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien responsabiliza de liderar una persecución política.
Pese al impulso legislativo, la urgencia aprobada no garantiza la sanción definitiva de la Ley. El texto aún debe debatirse en el plenario de la Cámara, y luego pasar al Senado, donde el oficialismo tiene mejores posiciones pero carece de mayoría absoluta.
El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, defendió la apertura del debate, pero aclaró que buscará consensos. “No estoy comprometido con ninguna pauta que polarice aún más al país”, afirmó, sin descartar cambios en el contenido de la ley para facilitar su aprobación.
En paralelo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue categórico al fijar posición. En una entrevista con la BBC, aseguró: “Si me la mandan, la veto”. Para Lula, las acciones que llevaron a Bolsonaro a ser condenado no tienen un carácter político sino criminal, por lo que no serían elegibles para amnistía.
El gobierno considera que este tipo de propuestas no buscan reconciliación, sino deslegitimar las decisiones del Poder Judicial. Desde el Palacio del Planalto se interpreta el avance legislativo como un intento de socavar el equilibrio de poderes.
A nivel legal, la iniciativa también está en disputa. Algunos sectores proponen una amnistía amplia e irrestricta, mientras otros impulsan un texto más acotado, centrado solo en los autores materiales de los hechos. La versión en discusión fue presentada por el diputado Marcelo Crivella.
El propio Bolsonaro fue diagnosticado esta semana con cáncer de piel, según informaron medios locales. La noticia agrega una dimensión humanitaria al debate, ya que su entorno político insiste en que debe ser indultado por “razones de salud y reconciliación nacional”.
En las próximas semanas se definirá el nombre del relator del proyecto y los cambios que podría sufrir el texto original. El resultado podría alterar no solo el destino judicial del expresidente, sino también el de un amplio conjunto de funcionarios, aliados y seguidores que hoy enfrentan penas por su rol en los ataques del 8 de enero.
