El Acampamento Terra Livre (ATL) celebró su 21.ª edición en Brasilia, reuniendo a más de 8.000 indígenas de todo Brasil. Este evento anual se ha convertido en un espacio clave para la movilización y reivindicación de los derechos indígenas. Este año, el debate se centró en la Ley 14.701/2023, conocida como la “Ley del Marco Temporal”, que establece que solo se consideran indígenas los territorios que lo eran en 1988, cuando se promulgó la Constitución.
A pesar del veto presidencial en octubre de 2023, el Congreso aprobó la Ley en 2024. Actualmente, se encuentra bloqueada en el Supremo Tribunal Federal (STF), que la había declarado inconstitucional un mes antes. El juez Gilmar Mendes, encargado del caso, decidió mantener la validez de la norma y creó una Cámara de Conciliación para abordar el tema. Sin embargo, representantes del Congreso Nacional y del Sindicato solicitaron su prórroga, desatando la polémica entre los pueblos indígenas de Brasil (Apib). En agosto del año pasado, la Apib se retiró de la mesa de negociación, calificándola de “conciliación forzada” de sus derechos.
Como resultado de nueve sesiones de negociación coordinadas por su oficina, Gilmar Mendes presentó un proyecto de Ley Complementaria para sustituir a la Ley 14.701. La propuesta excluye el argumento del Marco Temporal, pero introduce novedades en varios puntos considerados lesivos por las organizaciones indígenas, como la autorización de la minería en tierras indígenas y nuevos obstáculos en los procesos de demarcación.
Debido a este impasse, la homologación de las tierras indígenas se está ralentizando. Si en 2023 Lula homologó seis, en 2024 fueron solo dos.
Aunque el presidente brasileño no asistió al ATL de Brasilia, la semana anterior había visitado el Parque Xingu, en Mato Grosso, donde se reunió con el renombrado líder indígena Raoni.
En esa ocasión, Raoni alertó sobre los riesgos de las prospecciones petrolíferas de Petrobras en la desembocadura del Río Amazonas, en el estado de Amapá, de las que Lula dice ser partidario.
Mientras tanto, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Ministerio de Medio Ambiente lanzaron el programa “Restaurar la Amazonia”, una convocatoria pública para financiar con 150 millones de reales (25,6 millones de dólares), procedentes del Fondo Amazonía, proyectos de reforestación de tierras indígenas en la región del llamado Arco de Restauración, que se extiende de Maranhão a Acre, gravemente afectada por la deforestación.
El proyecto, ejecutado en colaboración con el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) seleccionará hasta 90 proyectos, cada uno de los cuales abarca áreas de entre 50 y 200 hectáreas, con la participación obligatoria de los pueblos indígenas. Sin embargo, se teme que países extranjeros como China puedan aprovechar esta apertura para operaciones depredadoras o de biopiratería.
A finales de marzo, Systemica, empresa vinculada al banco brasileño BTG Pactual, ganó la primera licitación para la recuperación de un bosque deforestado con el objetivo de comercializar créditos de carbono en el estado de Pará. La empresa fue la única que presentó una oferta para la concesión de reforestación de la Unidad de Recuperación Triunfo do Xingu, situada en Altamira, en el sudeste del estado.
La concesión tendrá una duración de 40 años y prevé recuperar más de 10 mil hectáreas de bosque en terrenos públicos. La inversión privada asciende a 258 millones de reales (44 millones de dólares), con una previsión de 350 mil créditos de carbono y un posible ingreso total de 869 millones de reales (148,2 millones de dólares), además de la creación de 2 mil puestos de trabajo.
