La AGU sostiene que el sistema de verificación de anuncios de Meta es claramente deficiente. Esta falencia técnica, asegura el órgano jurídico, entra en contradicción con los propios términos de uso de la compañía, que prometen garantizar la seguridad de los usuarios y la veracidad de la publicidad.El Gobierno de Brasil presentó una demanda civil contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, por la circulación de cientos de anuncios engañosos en sus plataformas que, según sostiene el Ejecutivo, utilizan ilegalmente símbolos y marcas del Estado para cometer fraudes financieros.
La denuncia fue interpuesta por la Abogacía General de la Unión (AGU), que busca frenar el uso indebido de la imagen del Gobierno federal y de diversas autoridades brasileñas en campañas publicitarias fraudulentas. Según los demandantes, estas piezas engañosas han sido promovidas en redes sociales sin una fiscalización efectiva por parte de la plataforma.
Un estudio realizado por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) reveló que al menos 1.770 anuncios con contenido fraudulento fueron detectados en Facebook e Instagram. La mayoría de estos mensajes tenían como fin inducir a usuarios a caer en estafas financieras, apelando a falsos beneficios, tasas de retiro inexistentes o programas sociales manipulados.
En la acción presentada ante la Justicia, el Gobierno solicita que Meta sea condenada por “daños morales colectivos” al violar normas legales de protección al consumidor, en particular aquellas vinculadas a la publicidad engañosa. De acuerdo con la demanda, muchos de los anuncios en cuestión eran fácilmente identificables como fraudulentos.
“Si existiera el más mínimo celo por parte de la empresa demandada en una actividad que le genera importantes ingresos, tales anuncios nunca podrían publicarse”, afirma el texto presentado por la AGU, que cuestiona la aparente pasividad de Meta ante contenidos claramente irregulares.
Algunos de los anuncios reproducen programas reales del Gobierno, pero otros eran completamente ficticios. Todos tenían en común el uso indebido de imágenes institucionales, nombres de programas sociales o incluso la manipulación digital de figuras públicas mediante herramientas de inteligencia artificial.
Los investigadores de la UFRJ observaron que varias de estas campañas apelaban a la supuesta existencia de fondos disponibles para el ciudadano común, que solo podrían ser cobrados mediante el pago de una “tasa de servicio”. Este esquema, advierten, constituye una forma sofisticada de fraude.
La demanda también hace hincapié en la responsabilidad de Meta al permitir la promoción paga de estos contenidos, lo que aumenta su alcance y su potencial daño. “Los anunciantes se aprovecharon indebidamente de las políticas públicas destinadas a la inclusión financiera”, señala el documento judicial.
En cuanto al uso de imágenes manipuladas con inteligencia artificial, el Gobierno subraya que la compañía tiene la capacidad técnica para detectar y bloquear ese tipo de contenido. Como prueba, menciona medidas adoptadas en países como el Reino Unido, Corea del Sur y los miembros de la Unión Europea.
