El cardenal Angelo Becciu, figura central en uno de los mayores escándalos financieros del Vaticano, confirmó este martes que no participará en el cónclave que comenzará el 7 de mayo para elegir al sucesor del papa Francisco. Su decisión llega tras días de incertidumbre sobre su estatus y en medio de fuertes divisiones dentro de la Curia romana.
En un comunicado difundido por su abogado, Becciu, de 76 años, declaró que su decisión se basa en el deseo de “contribuir a la comunión y serenidad del cónclave”, pese a mantener su convicción de inocencia. “He decidido obedecer, como siempre he hecho, a la voluntad del papa Francisco”, afirmó.
Becciu fue despojado de sus derechos cardenalicios en 2020 tras ser acusado y posteriormente condenado por malversación de fondos. En diciembre de 2023, el Tribunal Penal del Vaticano lo sentenció a cinco años y medio de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la Santa Sede.
Aunque el cardenal había participado en las congregaciones generales previas al cónclave junto a otros 251 purpurados, su derecho a voto fue revocado por orden expresa del papa Francisco. El secretario de Estado, Pietro Parolin, presentó dos documentos firmados por el pontífice en 2023 y marzo de este año que confirmaban esa exclusión.
A pesar de esta documentación, Becciu insistió hasta hace pocos días que no existía una voluntad explícita del Papa de excluirlo. Según él, sus prerrogativas como cardenal estaban aún vigentes, lo que alimentó el desconcierto dentro del Colegio Cardenalicio.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, indicó este lunes que no hubo una deliberación formal del cuerpo cardenalicio sobre el caso Becciu. Sin embargo, el cardenal Fernando Filoni reconoció públicamente que la situación estaba generando “sufrimiento” y malestar entre los purpurados.
El juicio contra Becciu abordó varias operaciones financieras irregulares, entre ellas la compra de un edificio de lujo en Londres con fondos del Óbolo de San Pedro, una colecta global destinada a obras de caridad papales. El escándalo golpeó directamente la credibilidad del aparato financiero vaticano.
Durante el proceso judicial también se reveló una donación de 125.000 euros a una organización vinculada a Cáritas de Ozieri, presidida por un hermano de Becciu. Esta operación alimentó sospechas de conflicto de interés y malversación de recursos.
Entre 2011 y 2018, Becciu fue sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, una de las posiciones más influyentes del Vaticano. En 2018 fue nombrado prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cargo que también perdió tras las acusaciones.
Considerado en su momento como un potencial papable, su caída representa un duro golpe institucional. El caso Becciu expone los límites de los controles internos en la Iglesia y pone a prueba la eficacia de las reformas iniciadas por el papa Francisco en materia de transparencia.
