La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de Ley que podría reducir significativamente la condena de Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple 27 años de prisión por su implicación en actos golpistas tras las elecciones de 2022.
La votación finalizó con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, y ahora la iniciativa se dirige al Senado para su consideración, donde podría definir el futuro judicial del ex mandatario de 70 años.
De aprobarse, la reforma impediría la acumulación de penas por delitos considerados similares, limitando la condena máxima a la correspondiente al golpe de Estado, de hasta 12 años, en lugar de sumar las penas adicionales que Bolsonaro enfrenta por otros delitos.
Además, la ley contempla que si los crímenes fueron cometidos por una “multitud”, como ocurrió durante el asalto a los poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, la pena podría reducirse hasta dos tercios, generando críticas sobre la posible disminución de la responsabilidad individual en actos graves contra la democracia.
Otra modificación clave es la progresión de régimen: los condenados podrían pasar del cerrado al semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la pena, o una cuarta parte si hubo violencia. Esto permitiría que Bolsonaro pudiera salir del régimen cerrado en poco más de dos años.
Entre los posibles beneficiarios de esta reforma se encuentran altos mandos militares y exministros que apoyaron la intentona golpista tras la derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva, lo que ha encendido alarmas sobre la impunidad para actores políticos y militares involucrados en el golpe.
El ponente del proyecto, el diputado Paulo Pereira da Silva, defendió la medida como un gesto de “reconciliación” y una corrección de supuestos excesos del Supremo, asegurando que no busca “evitar la responsabilización”, aunque muchos sectores cuestionan la justicia de la iniciativa.
Desde la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias criticó con dureza la propuesta: “Esta cámara está abrazando el golpismo”, afirmando que la medida podría debilitar las instituciones democráticas brasileñas.
El Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, había solicitado inicialmente una amnistía total, que anulara por completo su condena. Finalmente, tras el rechazo de otros sectores de derecha, se aceptó una versión menos ambiciosa, respaldada públicamente por Bolsonaro.
El bolsonarismo sigue negando que existiera un intento real de golpe de Estado, calificando las acciones del 8 de enero como “vandalismo” y denunciando motivaciones políticas del Supremo Tribunal Federal, lo que mantiene la tensión política en el país.
La sesión estuvo marcada por tensiones, protestas y confrontaciones físicas. El diputado de izquierda Glauber Braga ocupó temporalmente el sillón de la presidencia en señal de protesta y fue retirado por la fuerza, denunciando que no podía aceptar como consumada una amnistía para golpistas.
