El pasado viernes, el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieron en la sede del Ministerio de Seguridad a los familiares del gendarme Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. La reunión con Griselda Heredia y Kevin Gallo, madre y hermano del gendarme, fue marcada por las declaraciones enérgicas de los funcionarios argentinos, quienes denunciaron el carácter infundado de las acusaciones que pesan sobre el detenido.
Gallo fue arrestado en Venezuela acusado de “espionaje” por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, tanto su familia como las autoridades argentinas sostienen que las acusaciones son falsas. “Lo único ilegal fue la forma en que lo secuestraron”, afirmó la ministra Bullrich, rechazando las versiones del fiscal chavista, Tarek William Saab, quien había afirmado que Gallo estaba involucrado en planes desestabilizadores y terroristas, vinculados con grupos ultraderechistas internacionales.
Durante la reunión, Bullrich reiteró que el gobierno argentino hará todo lo posible para que Gallo sea liberado y regresado al país. “Queremos que Nahuel Gallo sea devuelto a la Argentina de manera inmediata”, destacó, agregando que el exembajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, había colaborado con el régimen venezolano para orquestar lo que considera una acusación falsa. “Nosotros estamos trabajando para defender a un gendarme argentino que está siendo acusado de un delito que no cometió”, aseguró la ministra.
El caso de Gallo se ha convertido en un tema de alta tensión diplomática. Bullrich señaló que el objetivo del gobierno argentino es desmontar lo que calificó como una “escenificación” por la que un ciudadano argentino fue convertido en un “terrorista”. Además, explicó que se encuentra en la “primera etapa” de la respuesta, y adelantó que las autoridades argentinas no descartan hablar con otros países para buscar apoyo.
En su comunicado, el Ministerio Público venezolano insistió en que Gallo fue detenido por intentar ingresar de forma irregular al país bajo el pretexto de una “visita sentimental”, pero con el objetivo de llevar a cabo un plan criminal. Según Saab, Gallo estaba vinculado a un grupo que, con la colaboración de la ultraderecha internacional, intentaba ejecutar acciones desestabilizadoras y terroristas en Venezuela. En este contexto, el fiscal subrayó que el gendarme argentino está siendo investigado conforme a la ley venezolana y que se encuentra a disposición del juez.
Sin embargo, la retórica del gobierno venezolano ha sido feroz. En el comunicado de Saab, se afirmó que las acusaciones de complicidad en planes subversivos también recaen sobre las autoridades argentinas. “Las declaraciones y acciones realizadas por el Gobierno argentino, utilizando a los familiares del procesado, dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación”, reza el texto, sugiriendo que el gobierno de Argentina forma parte de una estrategia internacional para atacar al Estado venezolano y sus instituciones.
En este contexto, el gobierno de Venezuela ratificó su firmeza en la defensa de su “soberanía y autodeterminación”, principios que considera fundamentales para la nación. Además, expresó que se mantiene “firme” en el cumplimiento de su deber de proteger la paz y la seguridad interna frente a lo que califican como amenazas externas.
La situación de Gallo pone de manifiesto las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, países cuyas relaciones han estado marcadas por diferencias políticas y conflictos de intereses en el último tiempo. Si bien el gobierno argentino ha adoptado una postura clara en defensa de Gallo, las autoridades venezolanas continúan con su investigación, afirmando que el detenido está siendo tratado conforme a la ley.
Mientras tanto, el caso sigue siendo una causa de preocupación para los familiares de Gallo y una prueba de fuego para las relaciones diplomáticas entre ambos países. En Argentina, las autoridades esperan lograr una solución rápida, mientras que Venezuela se mantiene firme en su postura, defendiendo lo que considera un ejercicio legítimo de su soberanía.
