El gobierno nacional de Argentina aprobó un decreto que otorga a la Policía Federal facultades para realizar ciberpatrullaje y requisas sin autorización judicial. Organismos de derechos humanos advierten sobre posibles abusos y riesgos para las libertades individuales.
La Resolución 428/2024, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autoriza a las fuerzas federales a realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales y sitios web, sin necesidad de autorización judicial. Además, se establece que la Policía Federal podrá efectuar requisas personales y de vehículos sin orden judicial, en determinadas circunstancias.
Estas medidas han generado preocupación entre especialistas en derechos humanos y constitucionalistas, quienes advierten que podrían vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión. La abogada María del Carmen Verdú calificó el decreto como un “ciberpatrullaje recargado” y alertó sobre el riesgo de criminalizar la protesta social.
Por su parte, la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, expresó su preocupación por la falta de control judicial en estas nuevas facultades y recordó que en gestiones anteriores se habían establecido mecanismos de supervisión para evitar abusos.
El gobierno justifica estas medidas como necesarias para combatir delitos complejos y proteger la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones civiles y partidos de oposición cuestionan la concentración de poder en el Ministerio de Seguridad y la ausencia de controles parlamentarios.
La Resolución 428/2024 también establece la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), que utilizará algoritmos y tecnologías avanzadas para analizar datos y predecir delitos. Esta unidad podrá operar en la “internet profunda” o “dark web”, lo que amplía aún más el alcance de la vigilancia.
Especialistas en tecnología y derechos digitales han expresado su preocupación por el uso de inteligencia artificial en tareas de seguridad, señalando que puede llevar a decisiones automatizadas sin supervisión humana y a posibles discriminaciones algorítmicas.
Además, la implementación de estas medidas sin un debate legislativo previo ha sido criticada por sectores políticos que consideran que se está avanzando sobre competencias del Congreso y se están vulnerando principios democráticos.
La polémica reforma de la Policía Federal plantea un dilema entre la necesidad de garantizar la seguridad y la protección de los derechos individuales. Mientras el gobierno sostiene que estas medidas son esenciales para enfrentar amenazas actuales, la sociedad civil exige un equilibrio que evite el abuso de poder y la erosión de las libertades democráticas.
En los próximos días, se espera que el Congreso de la Nación analice el decreto y evalúe su conformidad con la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Argentina. La discusión sobre la reforma de la Policía Federal se perfila como uno de los debates clave en la agenda política y social del país.
La resolución también establece que la información recabada durante las tareas de ciberpatrullaje debe ser destruida una vez concluida la actividad preventiva o decidida la no judicialización. Sin embargo, la falta de claridad sobre los mecanismos de control y supervisión ha generado desconfianza en diversos sectores.
