En una sesión extraordinaria este 1 de julio, el Senado de la República de México aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la controvertida Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. La votación terminó con 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones en lo general, y con 66 a favor y 31 en contra en lo particular.
La nueva ley, promovida por el Ejecutivo federal, confiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) amplias atribuciones para recopilar y centralizar datos personales, fiscales, biométricos y de geolocalización. Esta información podrá ser extraída tanto de fuentes públicas como privadas y procesada por una Plataforma Central de Inteligencia, bajo la operación del Centro Nacional de Inteligencia.
Según el dictamen aprobado, el propósito de esta centralización es mejorar las capacidades de análisis criminal y fortalecer las investigaciones del Ministerio Público. Para ello, el sistema podrá interconectar bases de datos y registros administrativos, lo cual permitiría una persecución más eficaz de delitos, así como una prevención proactiva del crimen.
La legislación también contempla la creación de nuevas estructuras institucionales, como el Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Ambas entidades estarán enfocadas en la coordinación tecnológica, el análisis de inteligencia y la colaboración entre distintas instituciones de seguridad.
No obstante, el camino hacia la aprobación no estuvo exento de cuestionamientos. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano propusieron reservas a más de 20 artículos del proyecto de ley, abarcando desde principios generales hasta disposiciones transitorias. Ninguna de estas reservas fue aceptada, lo que permitió que el dictamen se aprobara sin modificaciones sustanciales.
Durante el debate legislativo, las opiniones estuvieron marcadamente divididas. Desde Morena, la senadora Laura Estrada Mauro defendió la ley como un instrumento “sumamente relevante” para combatir la delincuencia, asegurando que cualquier acceso a información privada estará regulado por el Ministerio Público y bajo supervisión judicial.
Del lado del Partido Verde, la senadora María del Rosario Corona Nakamura argumentó que la norma dota al Estado de herramientas tecnológicas indispensables para combatir el crimen con mayor eficacia. Ambas posturas coinciden en que el objetivo central es fortalecer las capacidades del Estado frente a un panorama criminal complejo.
Por el contrario, representantes de la oposición denunciaron lo que consideran un avance autoritario. El senador panista Francisco Ramírez Acuña calificó la iniciativa como “espionaje disfrazado de política pública”, señalando la falta de controles claros en el manejo de información sensible. Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI, advirtió sobre el riesgo que esta legislación representa para las libertades individuales.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García criticó la exclusión de los gobiernos estatales en la operación del Centro Nacional de Inteligencia, lo cual, a su juicio, limita la capacidad de respuesta local frente al crimen organizado. En la misma línea, senadores como Claudia Anaya y Gustavo Sánchez expresaron su preocupación mediante votos particulares en contra.
Organizaciones civiles y expertos en derechos digitales cuestionaron la legalidad y proporcionalidad de la ley. Luis Fernando García, exdirector de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advirtió que el marco legal podría institucionalizar mecanismos de vigilancia masiva, sin suficientes contrapesos ni supervisión independiente.
García alertó también que con esta legislación, corporaciones como la Guardia Nacional y el Ejército tendrían acceso en tiempo real a bases de datos sensibles, incluso sin orden judicial en algunos casos. Mencionó especialmente la Plataforma Única de Identidad, destinada originalmente a la búsqueda de personas desaparecidas, como un recurso vulnerable a usos políticos.
