El presidente Donald Trump anunció que inaugurará este martes un nuevo centro de detención para inmigrantes en los Everglades de Florida, con el objetivo de reforzar su línea dura en materia migratoria.
Durante una conferencia en el lugar, Trump responsabilizó a su antecesor Joe Biden, acusándolo de permitir la entrada de “21 millones de extranjeros” y calificando esto como “una de las peores invasiones que hemos tenido”.
Agradeció públicamente al gobernador Ron DeSantis por su colaboración, calificando la relación entre ambos como “un 9,9 de 10” y destacando la funcionalidad del centro para deportaciones rápidas.
Ubicado en una pista remota, el complejo, bautizado por críticos como “Alcatraz Caimán”, está compuesto por tiendas de campaña y remolques, y puede albergar hasta 3.000 personas actualmente, con capacidad para 5.000.
El nombre provocó el rechazo de defensores de derechos humanos, quienes denuncian que el emplazamiento envía un “mensaje cruel” y exhibe una política migratoria represiva y deshumanizadora.
Trump bromeó sobre la fauna local: “Les enseñaremos a huir de un caimán… corre en zigzag”, reforzando el tono intimidatorio del proyecto, aunque por algunos considerado de mal gusto.
El centro está ubicado a unos 80 km de Miami, en una zona pantanosa poblada por caimanes, mosquitos y pitones. Las autoridades defienden el lugar como disuasorio, mientras los críticos apuntan al daño ecológico.
La Casa Blanca justificó la estrategia enfatizando que “solo hay un camino para entrar y la única salida es un vuelo de ida”, en palabras de la portavoz Karoline Leavitt, buscando transmitir firmeza ante posibles migrantes.
La táctica extrema de Trump en la frontera no es nueva: en 2019 sugirió fosos con caimanes y, en esta segunda presidencia, impulsó ideas incluso más controversiales como usar Guantánamo para inmigrantes.
Durante el acto, DeSantis también subrayó la dificultad de fuga del lugar: “Una vez ahí, no se van a ninguna parte, buena suerte para llegar a la civilización”, dijo, en línea con la visión disuasiva.
Para financiar el complejo, el estado cuenta con apoyo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lo que ha sido cuestionado por su uso fuera del contexto de desastres naturales.
Enfrentado a críticas, el excongresista David Jolly calificó el proyecto como una “maniobra política despiadada”, y activistas y comunidades indígenas han rechazado su impacto ecológico, moral y humanitario.
