El atentado sufrido por la fiscal de la Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, provocó conmoción en la opinión pública y en todo el sistema político. La jefa de los fiscales fue blanco de un ataque en su propia vivienda, un hecho que encendió las alarmas sobre el avance del narcotráfico en el país.
El expresidente Luis Lacalle Pou fue uno de los primeros en reaccionar, comunicándose el domingo con el actual mandatario, Yamandú Orsi, para expresar su solidaridad y respaldo. Rápidamente, dirigentes de todas las fuerzas políticas manifestaron su disposición a trabajar en conjunto frente a un enemigo común: el crimen organizado.
Este lunes, Ferrero acudió a la Torre Ejecutiva, donde se reunió con Orsi y otras autoridades. Más tarde, el presidente convocó a los líderes de todos los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, en un gesto que buscó mostrar unidad institucional ante la gravedad del hecho.
Según las primeras investigaciones, los atacantes llegaron hasta el barrio Brazo Oriental, en Montevideo, con tablones de más de tres metros, que utilizaron para trepar techos linderos e irrumpir en la vivienda de la fiscal. Una vez en el patio, dispararon varias veces y detonaron una granada, cuya explosión destrozó vidrios y cubrió la cocina con una nube de pólvora.
Ferrero y su familia lograron ponerse a salvo, aunque vivieron momentos de terror. Pese al impacto, la fiscal afirmó que continuará adelante con las investigaciones, dejando en claro que no se dejará intimidar por la violencia.
En conferencia de prensa, el presidente Orsi calificó el ataque como una señal de que existen “límites que no deben ser traspasados”. Recordó que Ferrero ya había recibido amenazas en el pasado, cuando estaba al frente de la Fiscalía de Estupefacientes, y aseguró que el Estado debe reforzar su rol en la protección de funcionarios judiciales y policiales.
“Acá en algo debemos haber fallado”, reconoció el mandatario, y se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo de los equipos que combaten el narcotráfico. También envió un mensaje al Parlamento, reclamando una discusión profunda sobre la reforma de la ley de lavado de activos, al considerar que allí también debe darse un golpe contra las organizaciones criminales.
El ministro del Interior, Carlos Negro, respaldó a la Policía y destacó que la investigación ya arroja avances. Al mismo tiempo, subrayó que el episodio exige una respuesta institucional firme y coordinada: “Estamos convencidos de que esta violencia es una reacción directa al trabajo que realizamos todos los días contra los narcotraficantes”.
Desde la oposición también se hicieron sentir las voces de apoyo. Álvaro Delgado, líder del Partido Nacional, afirmó que el atentado marca un “antes y un después” en la historia reciente de Uruguay, y que representa un ataque no solo contra la Fiscalía, sino contra las instituciones democráticas en su conjunto.
En tanto, Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, reclamó una señal clara y contundente desde el sistema político, al tiempo que respaldó públicamente la labor de Ferrero. No obstante, se mostró en desacuerdo con acelerar la discusión parlamentaria sobre lavado de activos, como propuso el presidente.
