Menos de una semana después de haber presentado a su gabinete completo, el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, convocó a ministros y subsecretarios para un primer encuentro en una bodega, lugar elegido para esta reunión clave en la transición. En ella, Orsi tuvo la oportunidad de conocer a algunos de sus funcionarios de manera más cercana, mientras que con otros ya mantenía una relación de años. La intención era clara: comenzar a trabajar “en clave de gabinete” y sentar las bases del futuro gobierno.
El encuentro se produjo en un contexto de transición, con los ministerios del gobierno saliente de Luis Lacalle Pou entregando información al equipo entrante, lo que ha dado lugar a ciertas discrepancias en temas claves. El presidente electo reconoció que algunas situaciones lo habían sorprendido, aunque subrayó que estos problemas ya eran de conocimiento público.
Uno de los proyectos que ha generado tensiones es el de la construcción de una planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí, en el Río de la Plata, promovido por la administración de Lacalle Pou. La administración entrante, liderada por Orsi, ha manifestado reservas y dudas sobre la viabilidad y el impacto de la iniciativa, lo que marca una diferencia importante en la planificación de políticas entre los dos gobiernos.
Otro tema que ha levantado polémica es la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, en la frontera con Argentina, por parte de la empresa chilena HIF. Este proyecto, que involucra una inversión de 6.000 millones de dólares, ha suscitado controversias en torno a la participación del Estado uruguayo. El contrato original contemplaba una participación estatal de hasta el 30%, pero el gobierno saliente busca eliminar esta posibilidad.
El Frente Amplio, coalición que asumirá el poder el 1° de marzo, defiende la idea de que la petrolera estatal Ancap debería tener la opción de invertir en la planta de hidrógeno. Orsi, por su parte, no se ha pronunciado de manera definitiva sobre si el Estado debería o no participar en la inversión. Sin embargo, ha asegurado que esa posibilidad debe ser considerada. “Veremos cuáles son los resortes y las herramientas jurídicas que te quedan en tus manos como para poder hacerlo”, comentó el presidente electo, dejando abierta la discusión.
El ex ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, quien será parte de la transición con el nuevo gobierno, expresó su postura en las redes sociales. Según Paganini, el Estado no debería asumir el riesgo de un proyecto tan incierto, como lo considera la planta de hidrógeno verde. Argumentó que los proyectos de nuevas energías son altamente volátiles y que deberían ser los inversores privados quienes asuman los riesgos financieros.
El exministro también comparó el caso con el fallido proyecto de Gas Sayago, una planta de regasificación de gas que resultó en pérdidas millonarias para el Estado uruguayo, lo que refuerza la postura del actual gobierno de evitar riesgos similares en la planta de hidrógeno.
Por otro lado, la futura ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, criticó la posición del gobierno saliente. Cardona opinó que la decisión de no permitir la participación del Estado en el proyecto de hidrógeno verde no está suficientemente argumentada. Sostuvo que la negativa podría representar una pérdida para Uruguay, especialmente considerando el potencial de este proyecto en el futuro.
Más allá de estos puntos de fricción, la reunión del gabinete también sirvió para definir las prioridades del nuevo gobierno. Aunque algunos desacuerdos quedaron expuestos, la necesidad de trabajar en conjunto para abordar los retos de la transición se mantiene firme.
