El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, dictó el sobreseimiento provisional de cuatro oficiales de la Interpol-Paraguay involucrados en el caso del prófugo Sebastián Marset, quien está vinculado a la operación “A Ultranza”. Los policías fueron procesados por su participación en la alteración de las notificaciones rojas que involucraron a la pareja de Marset, Gianina García Troche, y su colaborador José Estigarribia. Esta decisión, que sorprendió a muchos, también implicó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a los agentes.
A través de un Auto Interlocutorio (AI) N° 349, el juez Otazú determinó el sobreseimiento provisional de los procesados: el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria (22), el oficial 2º Hugo Javier Vallejos Rivas (30), la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27) y la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez (24). Los cuatro oficiales de la Interpol-Paraguay habían sido imputados por delitos como el acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución penal, y cohecho pasivo agravado, entre otros.
El caso cobró relevancia debido a que los agentes fueron señalados por alterar las notificaciones rojas emitidas contra Gianina García Troche y José Estigarribia, quienes son colaboradores cercanos de Sebastián Marset, un importante fugitivo de la justicia internacional, vinculado a una red de narcotráfico y lavado de dinero. Marset, quien está prófugo desde el 2022, es uno de los principales objetivos de la operación “A Ultranza” y ha sido considerado una figura clave en el crimen organizado en la región.
La Fiscalía, representada por las fiscalas Irma Llano y Ruth Benítez, había solicitado el sobreseimiento provisional de los policías, argumentando que aún faltaban varias diligencias que podrían fortalecer la causa en caso de un juicio futuro. De acuerdo con las autoridades fiscales, existen cuatro investigaciones pendientes que, de completarse, podrían aportar pruebas adicionales para la causa.
A pesar de la solicitud de las fiscales, el juez Otazú decidió proceder con el sobreseimiento provisional, lo que implica que no habrá cargos definitivos por el momento contra los agentes, aunque la investigación sigue abierta y podría reactivarse si se obtienen nuevos elementos. Además, se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los agentes, como el arresto domiciliario de Montiel y Vallejos, y la libertad ambulatoria de Vasso y Ruiz Díaz.
El proceso judicial de este caso continúa generando controversia, ya que las implicaciones del caso Marset y la supuesta complicidad de funcionarios de la Interpol han generado cuestionamientos sobre la integridad de las investigaciones. La resolución del juez Otazú ha dejado abierta la posibilidad de que nuevas pruebas puedan cambiar la situación de los acusados en el futuro, a medida que se desarrollen más diligencias.
Este fallo resalta una vez más la complejidad del caso, en el que la cooperación internacional, los organismos de seguridad y la justicia paraguaya continúan enfrentando desafíos para resolver los crímenes de alto perfil vinculados a Marset y su red. La decisión de Otazú podría influir en la opinión pública y en la percepción de la efectividad de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
Fiscalía aún espera completar diversas diligencias clave
Entre las investigaciones pendientes, el Ministerio Público destaca varias diligencias esenciales para avanzar en el caso. Una de ellas es la pericia solicitada por la licenciada María Victoria Fleitas, quien se encargará de examinar los equipos informáticos utilizados por los policías involucrados, Kevin Montiel y Hugo Vallejos, incluyendo sus “superusuarios”.
Además, se prevé la extracción de datos de los teléfonos celulares incautados tanto a los investigados como a sus familiares cercanos. También están a la espera los datos enviados por la Secretaría General de Interpol desde su sede en Lyon, Francia, los cuales fueron recibidos el pasado 30 de octubre y entregados al Laboratorio Forense del Ministerio Público para la elaboración de un informe técnico, con el objetivo de extraer información relevante.
Por último, se encuentra pendiente la tasación de un inmueble ubicado en la ciudad de Areguá, al que se le realizaron varias mejoras y que está vinculado a Clara Ruíz Díaz, pareja de Kevin Montiel. Estas diligencias son fundamentales para sustentar la causa en un posible juicio, según las fiscalías encargadas del caso.
Manipulación de alertas rojas en Interpol
Los agentes de Interpol Paraguay están siendo procesados por delitos como acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de pruebas, frustración de la persecución penal, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero. La acusación señala que Kevin Montiel y Hugo Vallejos, quienes tenían acceso privilegiado a las cuentas de Interpol en Paraguay, habrían utilizado el usuario NSO (nso.paraguay.py) el 25 de julio de 2023, para solicitar a la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, que se eliminara la notificación roja contra la uruguaya Gianina García Troche, de 30 años.
Tras la solicitud, el mismo usuario NSO consultó en el sistema si la orden de captura internacional había sido eliminada. Para evitar dejar evidencia, esta consulta fue borrada del historial en Paraguay. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2023, realizaron una consulta similar sobre la notificación roja del paraguayo José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo.
Los agentes realizaron un total de 13 consultas para verificar si las notificaciones rojas de ambos individuos habían sido efectivamente eliminadas, tras las solicitudes a la central de Interpol en Francia. En cada uno de los casos, las consultas realizadas fueron eliminadas del historial de navegación en Asunción, lo que complicó la trazabilidad de las acciones.
El 26 de septiembre, el usuario NSO solicitó la cancelación de una segunda notificación roja contra García Troche, que aún permanecía activa, y nuevamente la eliminación se ejecutó de manera rápida, lo que provocó otra consulta para confirmar el borrado. Como en las ocasiones anteriores, la acción de búsqueda también fue eliminada del registro.
De acuerdo con la acusación fiscal, los policías procesados accedieron en varias ocasiones a los perfiles de los implicados para asegurar la eliminación de las notificaciones rojas, utilizando sus privilegios de superadministradores en el sistema de Interpol.
