El Parlamento de Venezuela, controlado por el oficialismo, aprobó este jueves una reforma profunda a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, abriendo el sector petrolero a inversiones privadas y extranjeras después de dos décadas de control estatal absoluto.
La modificación legal, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad, elimina restricciones que hasta ahora limitaban la participación de empresas foráneas en actividades clave como exploración, producción, transporte y comercialización del crudo.
La reforma también introduce beneficios fiscales y flexibiliza las condiciones económicas de los proyectos, reduciendo el control parlamentario sobre decisiones estratégicas y permitiendo que compañías privadas operen bajo contratos con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), asumiendo riesgos y costos a cambio de una participación en los ingresos.
Este cambio histórico pone fin a casi 20 años de políticas petroleras basadas en la nacionalización y control estatal total, iniciadas durante los gobiernos de Hugo Chávez. La nueva ley faculta al Ejecutivo a ajustar regalías y otorgar exoneraciones fiscales para hacer más atractivas las inversiones, además de permitir la comercialización directa de hidrocarburos por parte de operadores privados con reglas claras de precios, cumplimiento fiscal y ambiental.
La reforma se produce en un contexto de relaciones cambiantes con Estados Unidos, que recientemente flexibilizó sanciones sobre el sector petrolero venezolano tras los acontecimientos políticos de enero de 2026 y la captura del expresidente Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general para permitir a empresas estadounidenses ampliar sus operaciones relacionadas con el petróleo venezolano, aunque bajo condiciones específicas sobre pagos y arbitraje.
El objetivo declarado de estas medidas es revitalizar la industria energética venezolana, atraer capital internacional e impulsar la producción y exportación de crudo tras años de caída productiva, sanciones y falta de inversión. Sin embargo, críticos señalan que la velocidad del cambio y la falta de mecanismos de transparencia podrían generar incertidumbre y riesgos de corrupción.
Fuente: Reuters y EFE.
