El nuevo pasaporte uruguayo, emitido desde abril y alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ha desatado una controversia inesperada. Alemania y Francia informaron recientemente que los ciudadanos que porten esta nueva versión del documento no podrán ingresar a sus territorios, al menos temporalmente.
La medida, que fue celebrada en su momento como un avance en la inclusión de personas naturalizadas y en situación migratoria compleja, ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. El cambio más relevante fue reemplazar el rótulo “Nacionalidad” por “Nacionalidad/Ciudadanía”, asignando el código “URY” tanto a uruguayos de nacimiento como naturalizados.
Sin embargo, el dato que generó alarma en países europeos no fue ese. La crítica se centra en que el lugar de nacimiento del titular ya no figura en la primera página del pasaporte, como lo hacía anteriormente, sino en la hoja número cuatro. Para las autoridades alemanas y francesas, esta omisión inicial compromete los controles fronterizos y genera incertidumbre sobre el origen real del portador del documento.
El conflicto escaló diplomáticamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a los embajadores de ambos países europeos para explicar la postura de Uruguay. Según informó el noticiero Telemundo de Canal 12, la canciller interina Valeria Csukasi y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, defendieron la reforma como un acto conforme al derecho internacional y con base en principios de derechos humanos.
En un comunicado oficial, Cancillería afirmó que el nuevo pasaporte “responde a normas internacionales de derechos humanos, relativas a la movilidad humana, libre circulación e identidad sin discriminación”. También aclaró que los requisitos exigidos para obtener el pasaporte no han cambiado y que las autoridades trabajan en encontrar una solución diplomática para evitar perjuicios a los ciudadanos.
El episodio abrió un frente político interno. Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva calificó la reforma como una “torpeza” influida por un “pensamiento snobista”. En declaraciones a Teledoce, argumentó que “el sentido común indica que deben figurar tanto la ciudadanía como el lugar de nacimiento”.
Da Silva criticó que un tecnócrata haya “complicado la vida” de los ciudadanos, quienes ahora enfrentan restricciones en países como Alemania y posiblemente Francia. También señaló que Japón fue el primer país en reaccionar negativamente a esta modificación, aunque no ha trascendido una medida oficial desde Tokio.
El senador nacionalista también anunció que se convocaría de urgencia al canciller para dar explicaciones en el Parlamento. No obstante, desde el Frente Amplio se propuso un camino más mesurado. El diputado Nicolás Viera indicó a La Diaria que se optó por solicitar informes sin necesidad de interpelación, dado que la reforma comenzó en la anterior administración y fue continuada por la actual.
A pesar de esto, los exministros Omar Paganini y Nicolás Martinelli, que integraron el anterior gabinete, se desmarcaron del diseño final del pasaporte. En redes sociales, Paganini afirmó que “la solución era cambiar ‘nacionalidad’ por ‘ciudadanía’, pero este gobierno eliminó también el ‘lugar de nacimiento’”, y remató: “¡Hacerse cargo!”
Desde el Ejecutivo, no hay señales de retroceso. La postura oficial insiste en que el documento cumple con estándares internacionales y que la ubicación del lugar de nacimiento en una página posterior no viola ninguna norma de la OACI. Para el gobierno, ceder a presiones implicaría una regresión en términos de derechos.
Mientras tanto, los uruguayos que ya cuentan con el nuevo pasaporte podrían enfrentar obstáculos en sus viajes a Europa, lo que pone presión sobre la Cancillería para lograr acuerdos bilaterales que eviten más bloqueos. La discusión sobre si se trata de un avance inclusivo o de un error técnico con consecuencias internacionales sigue abierta.
