Uruguay mantiene la alerta por la posible entrada del fentanilo, el opioide sintético de alta potencia conocido como “droga zombi”, cuya concentración mínima puede intoxicar a varias personas.
En enero, el gobierno reconoció que sería “muy difícil” impedir el ingreso de este potente analgésico, que ha causado estragos en Estados Unidos y alarma a las autoridades uruguayas.
En respuesta a esta situación y al aumento del crimen organizado, el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, presentó una serie de proyectos de ley con el objetivo de ofrecer “respuestas concretas” al narcotráfico en Uruguay.
La iniciativa se intensificó tras el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, a quien delincuentes dispararon y dejaron una granada en el patio de su vivienda, un hecho que Echeverría consideró un “punto de inflexión” en la lucha contra la violencia organizada.
Entre las propuestas destacan penas más severas para miembros de estructuras criminales y regímenes especiales de reclusión que eviten que los presos continúen delinquiendo desde la cárcel.
Según el proyecto de ley al que tuvo acceso Infobae, el fentanilo fue creado en los años 60 como analgésico para tratar dolores intensos y tiene entre 50 y 100 veces la potencia de la heroína o la morfina. Su uso médico es controlado, pero su poder lo hace extremadamente peligroso en el tráfico ilegal.
Echeverría advierte que el fentanilo se combina con otras sustancias, como la xilacina —en una mezcla llamada “tranq”— o nitazenos, multiplicando su efecto letal y elevando el riesgo de sobredosis y adicción.
Aunque Uruguay sólo ha registrado casos aislados, generalmente vinculados a desvíos médicos, el legislador subraya la necesidad de anticiparse con sanciones legales fuertes para desalentar el tráfico ilícito de estas drogas sintéticas.
La propuesta incluye un mínimo de seis años de prisión para quienes trafiquen fentanilo, nitazenos o xilacina, siguiendo la experiencia con la pasta base de cocaína, que transformó a Uruguay en un país de acopio desde 2017.
Echeverría también plantea elevar las penas por homicidios vinculados al crimen organizado y por tráfico de armas, considerando que las sanciones actuales son insuficientes frente al beneficio económico que generan estos delitos.
El legislador argumenta que estas medidas forman parte de una reforma estructural de la lucha contra el crimen organizado en Uruguay, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y prevenir que la violencia y el narcotráfico sigan creciendo.
“Es hora de pasar de la indignación a los hechos. Estas medidas buscan desarticular a las mafias, aislar a sus líderes y devolver tranquilidad a la población”, concluyó Echeverría, marcando un llamado urgente a la acción frente al desafío del crimen y las drogas sintéticas.
