En una jornada histórica, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia y permite a los pacientes terminales decidir el final de su vida bajo estrictas condiciones médicas y legales.
La votación, que se extendió por más de diez horas, reflejó un amplio consenso político. Legisladores del Frente Amplio, junto a integrantes del Partido Colorado y el Partido Nacional, respaldaron el proyecto que fue discutido durante meses en ambas cámaras.
La nueva ley busca garantizar el derecho a transitar dignamente el proceso de morir, despenalizando la eutanasia para los mayores de edad psíquicamente aptos que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos intolerables.
Según el texto aprobado, podrán acogerse a esta norma los ciudadanos uruguayos y los extranjeros residentes en el país que acrediten su domicilio legal y cumplan los requisitos médicos establecidos.
El proceso de aprobación comenzó el 13 de agosto, cuando la Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto. Posteriormente, pasó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde se escuchó a especialistas, organizaciones civiles y médicos antes de su votación final.
Durante el debate, el senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, destacó que el texto fue elaborado “con responsabilidad y respeto por la voluntad individual”. Señaló que la ley “no impone conductas, sino que ofrece una alternativa humana y ética”.
Borbonet subrayó que el proyecto deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud, garantizando un procedimiento transparente y seguro para los pacientes.
En la misma línea, el senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, calificó la ley como “necesaria, liberal y humanitaria”. “Hay personas que llegan al final de su vida con dolores insoportables. Esta norma les permite decidir con dignidad”, expresó.
Con la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo tiene ahora un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley y establecer los mecanismos administrativos para su aplicación.
Una vez reglamentada, comenzará a funcionar la Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Esta comisión tendrá la tarea de supervisar los procedimientos realizados bajo la nueva ley y elaborar un informe anual que será remitido al Ministerio de Salud Pública y al Parlamento.
