Después de 24 días de paralización en el norte de Ecuador, las comunidades indígenas de Imbabura decidieron poner fin a las protestas que mantuvieron bloqueadas las principales vías de la provincia.
El acuerdo se alcanzó el miércoles tras cinco horas de negociaciones entre representantes del movimiento indígena y el ministro del Interior, John Reimberg, en una jornada marcada por la tensión y la expectativa.
Los líderes comunitarios condicionaron el levantamiento del paro a una serie de compromisos por parte del gobierno, entre ellos, la sanción a los responsables de la muerte de dos manifestantes, el apoyo a los heridos y la liberación de detenidos durante las movilizaciones.
También exigieron el archivo de las causas judiciales contra dirigentes indígenas, la creación de mesas técnicas para atender demandas locales y el retiro progresivo de policías y militares desplegados en la provincia.
Manuel Catucuango, expresidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, anunció que “por el bien del pueblo” decidieron regresar a sus territorios, aunque permanecerán en asamblea permanente para vigilar el cumplimiento de los acuerdos.
El ministro Reimberg calificó el entendimiento como “un paso hacia la paz social” y afirmó que “las vías serán reabiertas y se garantizará el abastecimiento de la provincia”. Recalcó además la disposición del gobierno a trabajar con las comunidades para evitar nuevos conflictos.
Pese al acuerdo alcanzado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó al paro nacional, no participó de las negociaciones y aún no ha emitido una posición oficial sobre la tregua.
El sacerdote Christian Andrade, quien actuó como veedor del proceso, explicó que entre los reclamos presentados figuró el fin de la represión, la liberación de detenidos y el traslado de doce indígenas acusados de terrorismo a una cárcel en Imbabura.
La tregua fue posible luego de que las autoridades liberaran a una decena de manifestantes arrestados en Otavalo, epicentro de las protestas que se extendieron por casi un mes y generaron choques violentos con las fuerzas del orden.
Según la Conaie, los enfrentamientos dejaron al menos 50 heridos y 31 detenidos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron además dos muertes, aunque el gobierno solo ha confirmado una.
El aumento del precio del diésel —que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón tras la eliminación del subsidio estatal— fue el detonante de las protestas, que en Imbabura tuvieron fuerte impacto, pero en el resto del país se mantuvieron con menor intensidad.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió un diálogo “inclusivo y genuino”, el Ejecutivo defendió su decisión argumentando que la medida busca frenar el contrabando de combustibles y redirigir recursos hacia comunidades vulnerables.
