En una sesión marcada por la celeridad del procedimiento, el Senado de México aprobó la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, elevando aranceles a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, especialmente de Asia.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, respaldó públicamente la aprobación ante el pleno, destacando que la medida busca proteger sectores productivos vulnerables y fortalecer la industria nacional.
La votación finalizó con 76 sufragios a favor, cinco en contra —todos de Movimiento Ciudadano— y 35 abstenciones provenientes de PAN, PRI y PT. Con ello, el proyecto se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
El Gobierno federal ha defendido la reforma argumentando que incrementará la capacidad productiva del país, reducirá la dependencia de bienes importados y protegerá a empresas que enfrentan fuerte competencia internacional.
La aprobación en el Senado siguió al aval de la Cámara de Diputados, que el martes ratificó el dictamen en lo general con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones, destacando la alineación legislativa con la política industrial del Ejecutivo.
Tras la coincidencia entre ambas cámaras, el proyecto no requiere modificaciones adicionales y está listo para ser publicado por el Ejecutivo, formalizando los nuevos aranceles.
Los incrementos arancelarios definidos por la reforma son significativos y se concentran en sectores industriales estratégicos: textiles (28.6%), metales (21.7%), plásticos y caucho (17.7%), óptica e instrumentos (28.7%), transporte (30.2%), madera y papel (27%), maquinaria y electrónica (26.5%) y piedra y vidrio (31.1%).
Según la administración federal, estas medidas buscan incentivar la producción local de bienes intermedios y finales, impulsar la sustitución de importaciones y fortalecer la competitividad en áreas donde México puede ser vulnerable frente a la industria extranjera.
Sin embargo, la rapidez con la que se aprobó la reforma generó críticas de la oposición, que acusó al oficialismo de emplear nuevamente un “fast track” legislativo para limitar el debate y minimizar cuestionamientos.
Expertos y analistas señalan que la aceleración responde a la presión por cerrar el periodo ordinario, así como a la prioridad que el Ejecutivo ha otorgado a la política industrial, buscando evitar retrasos frente a posibles resistencias del sector privado.
La discusión también refleja un equilibrio entre la protección de la industria nacional y el riesgo de impactos en consumidores y empresas que dependen de insumos importados, un tema que seguirá generando debate económico y político.
Con ambas cámaras alineadas, la reforma ahora espera la promulgación presidencial, lo que permitirá que los nuevos aranceles entren en vigor en los próximos días, marcando un cambio importante en la política comercial de México.
