Este lunes, el Senado de la República de México dio luz verde a una reforma de alto impacto en materia de seguridad pública al aprobar, en lo general, el dictamen que crea la Ley de la Guardia Nacional. Con 75 votos a favor y 34 en contra, la iniciativa fue avalada y ahora consolida el mando militar sobre esta institución, bajo la coordinación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La nueva legislación reforma ocho leyes secundarias para alinearlas con el cambio constitucional publicado en septiembre de 2024. El núcleo del dictamen establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional, permanente y militarizada, encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) en todo el país.
Aunque se prevé la incorporación de personal civil en funciones técnicas y administrativas, el liderazgo, la formación y la operación del cuerpo estarán en manos de las Fuerzas Armadas. El comandante de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de general de división en activo y será designado por el presidente, a propuesta del titular de la Sedena.
La reforma también contempla que el ingreso del personal se regirá por el Reglamento de Reclutamiento aplicable al Ejército, la Fuerza Aérea y la propia Guardia Nacional, lo que reafirma su carácter castrense. Por su parte, el Senado mantendrá la facultad de ratificar nombramientos de altos mandos, conforme a los artículos 76 y 78 de la Constitución.
La estructura jerárquica de la Guardia Nacional replicará la del Ejército y la Fuerza Aérea, con grados que van desde soldado hasta general de división. Esto implica una institucionalización de corte militar, aunque formalmente se mantenga como una corporación de seguridad pública.
El dictamen establece que será el titular de la Sedena quien se encargue de organizar, equipar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional, así como de remitir un informe anual al presidente de la República. Esta atribución coloca a la dependencia en el centro de la política nacional de seguridad.
El mismo mando podrá designar a los titulares de las Coordinaciones Territoriales, Estatales y de Unidades Circunstanciales, siempre con base en la propuesta del comandante de la Guardia Nacional. También tendrá la potestad de autorizar convenios de coordinación con entidades federativas y municipios.
Una de las reformas más destacadas recae sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que integra a la Guardia Nacional como parte de las atribuciones directas de la Sedena, otorgándole funciones clave en inteligencia y operación de información relacionada con la seguridad nacional.
La Sedena podrá solicitar, generar, intercambiar y usar datos sensibles, previa coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional, lo que refuerza su rol en tareas anteriormente reservadas a cuerpos civiles. Además, establecerá vínculos operativos con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
Este rediseño institucional ha generado debate en torno al equilibrio civil-militar en la seguridad pública. Mientras sectores oficialistas celebran una medida que, aseguran, aumentará la eficacia y la disciplina en el combate a la delincuencia, voces críticas alertan sobre los riesgos de una militarización sostenida de la seguridad interna.
La minuta ahora continuará su proceso legislativo con los ajustes correspondientes en lo particular, pero la decisión del Senado deja en claro que la seguridad pública mexicana avanza hacia un modelo militarizado con respaldo constitucional y legal, con todo lo que ello implica para el futuro institucional del país.
