El presunto olor a marihuana detectado en uno de los baños de la cámara alta llevó a su presidente, Francis Escudero, a ordenar pruebas antidrogas obligatorias para todo el personal administrativo del recinto.
La decisión se produjo tras una carta remitida por Escudero al senador Vicente Sotto III, quien había propuesto la medida. “El Senado tiene la firme intención de aplicar controles aleatorios y obligatorios de drogas a sus funcionarios y empleados”, sostuvo Escudero, según reportó la cadena local ABS-CBN.
El caso se disparó cuando miembros del equipo de seguridad del Senado reportaron un “olor inusual, similar al de la marihuana”, proveniente del baño de mujeres. En ese momento, según su testimonio, solo se encontraba en el lugar una empleada del senador Robin Padilla.
La trabajadora, identificada como Nadia Montenegro, negó rotundamente las acusaciones. En una carta pública, señaló que no se encontraba en el baño durante el incidente y que lo único que llevaba consigo era un vapeador con sabor a uva. “No debería atribuírsele algo que no hice”, declaró.
Montenegro, a pesar de insistir en su inocencia, presentó su renuncia con el argumento de que deseaba evitar que el asunto provocara más daño o distracción a la labor legislativa. La oficina del senador Padilla confirmó su salida este lunes.
A pesar de que aún no se ha confirmado si los legisladores electos también deberán someterse a los controles, algunos senadores han optado por hacerlo de forma voluntaria. Juan Miguel Zubiri realizó el test junto con sus 35 empleados, mientras que el senador Raffy Tulfo también se mostró dispuesto a hacerlo, al igual que su equipo completo.
La reacción del Senado se da en un contexto nacional cargado de antecedentes en materia de lucha antidrogas. La política de “mano dura” implementada por el expresidente Rodrigo Duterte dejó una marca profunda en la sociedad filipina, con al menos 6.000 muertos reconocidos por la Policía, aunque organizaciones como Human Rights Watch elevan la cifra a más de 30.000.
Duterte actualmente se encuentra detenido en La Haya, en espera de un juicio por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, a raíz de su cuestionada estrategia de represión contra el narcotráfico durante su mandato entre 2016 y 2022.
Su sucesor, el actual presidente Ferdinand Marcos Jr., prometió continuar la lucha contra las drogas, pero “sin derramamiento de sangre”. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que los abusos, detenciones arbitrarias y la criminalización de consumidores persisten bajo su administración.
