La Dirección de Policía del departamento de Alto Paraná ordenó este lunes un refuerzo de seguridad en la Municipalidad de Ciudad del Este, luego de una serie de incidentes registrados en las últimas jornadas, que han encendido las alarmas sobre la gobernabilidad y el orden institucional en la segunda ciudad más importante del país.
Los hechos incluyen ataques a vehículos del equipo interventor, ingreso forzoso a oficinas oficiales y denuncias de presuntos sabotajes. La Fiscalía ya abrió una investigación penal para determinar responsabilidades. El ambiente político-administrativo, ya crispado desde la suspensión del intendente Miguel Prieto, se ve ahora sacudido por nuevos elementos de tensión.
El conflicto tuvo un punto de quiebre el pasado jueves, cuando dos furgones de la comitiva del interventor Ramón Isidoro Ramírez fueron atacados en el predio municipal durante una protesta organizada por funcionarios. Pocos días después, aprovechando el feriado, fue forzada la puerta de acceso a la oficina del interventor.
El fiscal Osvaldo Zaracho, quien lidera la causa, informó que se incautó el sistema DVR de videovigilancia del edificio comunal para su análisis en Asunción. Sin embargo, el equipo habría dejado de operar hace aproximadamente un mes, lo que complica la obtención de evidencias clave para esclarecer los hechos.
Además, agentes del Departamento de Criminalística encontraron huellas sobre escritorios y manipulaciones sospechosas en el sistema lumínico tipo “araña”, el cual tendría un cableado secundario que hace suponer la posible instalación previa de dispositivos de escucha. Aunque aún no hay confirmación oficial, la hipótesis es investigada como parte de un posible intento de espionaje.
El equipo interventor aseguró que continuará con sus labores en la municipalidad hasta que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el futuro político del intendente suspendido, Miguel Prieto, líder del movimiento “Yo Creo”. La intervención fue autorizada por el Congreso a raíz de denuncias de supuestas irregularidades en la administración comunal.
En un comunicado difundido este lunes, los responsables de la intervención calificaron la irrupción a las oficinas como un “atropello institucional” y una afrenta directa a la figura de la intervención, contemplada por la Constitución Nacional. “Estos actos constituyen una clara muestra de resistencia al proceso”, advirtieron.
“El robo de equipos informáticos, el ingreso no autorizado de funcionarios durante la noche y el ataque a vehículos oficiales configuran un esquema sistemático de hostigamiento”, afirmaron desde el equipo de Ramírez. Consideran que existe un intento de desestabilizar su gestión y de frenar el avance de las auditorías.
Por su parte, los funcionarios municipales contrarios a la intervención iniciaron desde la semana pasada una manifestación constante en el edificio comunal. Este lunes anunciaron formalmente un paro de actividades como medida de presión. Alegan que la intervención no responde a los intereses ciudadanos y denuncian persecuciones internas.
En redes sociales y en la vía pública se han registrado mensajes de apoyo tanto a Ramírez como a Prieto, lo que refleja una ciudadanía dividida y preocupada por la incertidumbre institucional. La falta de resolución rápida por parte del Congreso alimenta la tensión.
