El Senado brasileño aprobó una legislación que endurece el combate al crimen organizado, tras el operativo de gran envergadura realizado en octubre contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro. La medida busca responder a la creciente presión social por mayor seguridad.
La iniciativa fue promovida originalmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero el Congreso introdujo modificaciones que la hicieron más estricta, con respaldo de bloques opositores que exigían sanciones más severas para las organizaciones criminales.
La Ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta, después de haber pasado por la Cámara de Diputados en noviembre. El proyecto regresará ahora a la Cámara Baja para ratificar los cambios antes de ser enviado a la firma presidencial.
Entre los cambios más importantes se destaca la creación del delito de “facción criminal”, que sanciona a grupos que controlan territorios o realizan operaciones violentas a nivel nacional. La pena básica va de 15 a 30 años de prisión y puede llegar hasta 60 años para líderes de las bandas con agravantes.
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las organizaciones más influyentes en Brasil. Ambas operan en regiones estratégicas y controlan actividades ilegales que afectan la vida diaria de muchas comunidades, incluyendo transporte, comercio y servicios públicos en las favelas.
La ley fue recibida con aprobación por sectores más duros de la política, aunque generó críticas de organizaciones de derechos humanos y aliados del propio presidente Lula, quien describió el operativo en Río como una “matanza”.
El texto final descartó la propuesta del Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, que pretendía calificar a las bandas criminales como “terroristas”, lo que habría permitido el uso de armamento más potente en su contra.
Lula presentó la ley como respuesta a las críticas sobre la supuesta insuficiencia de su política de seguridad. El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones entre distintas bancadas, en un contexto de fuerte presión social por la violencia de las organizaciones criminales.
La aprobación de la legislación se produce en paralelo a un impulso de cooperación internacional contra el narcotráfico. Recientemente, Lula y el expresidente estadounidense Donald Trump acordaron reforzar la colaboración bilateral frente al crimen organizado que opera en la región.
De manera simultánea, el Senado dio luz verde a una enmienda constitucional que restringe el derecho de los pueblos indígenas a reclamar tierras, limitándolo únicamente a las que estaban ocupadas en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente.
La llamada “marco temporal” fue aprobada con 52 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La medida será debatida nuevamente en la Cámara de Diputados y también está pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema, generando un debate sobre la demarcación de tierras y los derechos originarios.
La reforma genera preocupación entre las comunidades indígenas y organizaciones sociales, ya que solo se podrán reconocer como tierras indígenas aquellas ocupadas en 1988, dejando fuera del proceso los reclamos sobre terrenos no habitados en esa fecha, con implicaciones directas en la regularización territorial y la justicia histórica.
