El Senado argentino vivió este jueves una sesión cargada de contenido político e institucional. Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Alta convirtió en Ley el incremento del financiamiento para las universidades nacionales y el Hospital Garrahan, en una clara derrota legislativa para el oficialismo libertario.
La aprobación fue el resultado de un amplio consenso entre bloques opositores, incluido el peronismo, la UCR, fuerzas provinciales y algunos senadores del PRO. Esta articulación demostró no solo una preocupación compartida por el sistema educativo y sanitario, sino también una capacidad de coordinación que volvió a dejar en minoría al Gobierno nacional.
El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, denunció un intento de desestabilización. El senador Ezequiel Atauche apuntó directamente contra Unión por la Patria, afirmando: “Vienen a romper el Gobierno y no les importa nada más”. No obstante, varios legisladores radicales —aliados circunstanciales del oficialismo— también votaron a favor del proyecto, marcando distancias con el Ejecutivo.
Los senadores Andrea Cristina, Victoria Huala y Juan Carlos Romero fueron algunos de los que respaldaron la medida, sumándose a una larga lista de legisladores que priorizaron el financiamiento educativo por encima de las tensiones partidarias. A ellos se agregaron figuras del PRO como Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri, así como representantes provinciales y de partidos independientes.
Entre quienes votaron en contra, además de los libertarios, figuraron dos senadores del PRO y la radical Carolina Losada. En tanto, el radical Maximiliano Abad advirtió que legislar sin un presupuesto nacional actualizado es un “error monumental”, y remarcó que el desarrollo de una nación no puede depender solo de sus recursos naturales.
La Ley aprobada establece la actualización bimestral del presupuesto universitario para todo 2025, ajustado por inflación, además de exigir la recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023. Una medida que, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, representará un gasto significativo para el Estado, pero también responde a una demanda persistente del sistema educativo.
El senador Martín Lousteau (UCR) defendió la medida con énfasis: “No hay nada que transforme tanto la vida de una persona como la educación universitaria. Hoy los docentes están dejando la profesión por falta de ingresos dignos”. Un diagnóstico compartido por distintos bloques que confluyeron en una votación transversal.
En paralelo, el Senado también declaró la emergencia sanitaria pediátrica a nivel nacional por dos años. Este proyecto responde a la crítica situación de hospitales como el Garrahan, ícono de la salud pública infantil en el país. La ley exige la recomposición salarial del personal médico y residentes a niveles previos a noviembre de 2023, lo que implicará un gasto anual estimado en más de $133 mil millones.
Beatriz Ávila, senadora por Tucumán, sostuvo: “Esta falta de financiamiento no solo afecta a docentes y médicos. Afecta profundamente a los estudiantes, a las familias, y a los niños que necesitan atención urgente”. Ávila también destacó que, si bien su espacio no adhiere al kirchnerismo, la sensibilidad social de los proyectos motivó su apoyo.
Natalia Gadano, senadora de Santa Cruz, expresó con dureza: “Tratar una ley de emergencia es admitir que el Estado está ausente. El Garrahan no puede estar al borde del colapso. La vida de un niño vale más que cualquier ajuste”. Sus palabras resonaron en un recinto que, a lo largo de la jornada, mostró un clima de preocupación más que de confrontación ideológica.
