Este martes, Nicaragua dio un paso más hacia la consolidación de un sistema político en el que la familia presidencial ha acumulado un control casi absoluto sobre las principales instituciones del país. La copresidenta Rosario Murillo fue nombrada jefa suprema del Ejército de Nicaragua, junto con su esposo, el copresidente Daniel Ortega, quien ya ostentaba esa posición.
La reforma que llevó a cabo el gobierno de Ortega incluye una profunda modificación a la Constitución Política, que dio lugar a la figura de la “copresidencia”. Esto permite que tanto Ortega como Murillo ejerzan el poder en su calidad de jefes del Ejecutivo, con Murillo ahora con autoridad sobre las Fuerzas Armadas del país.
A través de una iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo y aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional, se modificó el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. La ley establece que el Ejército estará subordinado a la Presidencia de la República, representada por los copresidentes Ortega y Murillo.
Según la nueva legislación, la Presidencia tendrá amplias facultades para disponer de las Fuerzas Armadas, desde el inicio de operaciones militares en defensa del país hasta la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional en momentos de crisis. También se le otorgan facultades para nombrar o destituir al Comandante en Jefe del Ejército.
Uno de los elementos más controvertidos de la reforma es la creación de las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica. Esta nueva estructura está destinada a garantizar la “defensa armada de la nación” y permitirá que los exmiembros del Ejército, así como cualquier ciudadano que lo desee, se unan a esta fuerza paramilitar en caso de ser necesario.
Las reformas constitucionales también han sido descritas como un cambio estructural en el Estado nicaragüense, al eliminar los tradicionales “poderes” del Estado y reemplazarlos por “órganos” que estarán bajo el control directo de la presidencia. Este movimiento ha sido ampliamente criticado por quienes sostienen que Nicaragua se dirige hacia un régimen autoritario.
La reforma ha generado una ola de críticas internacionales. Organismos como la ONU, la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de Ortega y Murillo por eliminar las garantías democráticas en el país. A nivel nacional, la oposición también ha denunciado que la reforma es un golpe a la democracia.
Otra modificación relevante ha sido el aumento del período presidencial de cinco a seis años. Esto otorga a Ortega un mayor tiempo en el poder, reforzando la concentración de su control sobre el país. La reforma también elimina los límites a la reelección presidencial, lo que permite a Ortega mantenerse en el poder de manera indefinida.
