El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, anunció este jueves una profunda reforma al régimen migratorio, impulsada por el Ejecutivo de Javier Milei. Las modificaciones abarcan desde la expulsión de migrantes con antecedentes penales hasta el arancelamiento de servicios de salud y educación para extranjeros no residentes.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni explicó que los cambios se implementarán mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.
Uno de los puntos clave de la reforma es la expulsión inmediata de extranjeros que cometen delitos, sin necesidad de completar largos procesos judiciales. Además, se sumarán nuevos delitos como causales de expulsión o de inadmisión al país.
Adorni justificó la medida en el contexto de seguridad: “Los delincuentes, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que viven en el país”, afirmó.
También se establecerá la prohibición de reingreso al país para aquellos migrantes que hayan sido expulsados por delitos o que ingresen con documentación falsa, lo que busca reforzar el control fronterizo.
Otro cambio relevante es la eliminación de la gratuidad en la atención médica para extranjeros no residentes. El sistema de salud determinará los nuevos criterios de acceso y se aplicarán tarifas por los servicios prestados.
El Gobierno citó como antecedente el caso de Salta, donde una medida similar permitió reducir en un 95% la atención médica a extranjeros y ahorrar cerca de 60 millones de pesos. “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, sostuvo Adorni.
En el ámbito universitario, las instituciones públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia legal en el país. La decisión de implementar este cobro será facultad de cada universidad, al tratarse de entes autárquicos.
Según datos oficiales, uno de cada tres estudiantes de Medicina en Argentina es extranjero. Para el Gobierno, este cambio representa una oportunidad de financiamiento adicional para las universidades públicas.
Estas medidas se enmarcan en una política migratoria más restrictiva que, según el Gobierno, busca priorizar los recursos del Estado para los ciudadanos argentinos y poner fin a los supuestos abusos del sistema público por parte de extranjeros no residentes.
El anuncio también refleja una línea de continuidad con políticas adoptadas durante el gobierno de Mauricio Macri, especialmente el DNU 70/17, que promovía mecanismos de expulsión más ágiles.
